Tres medios de comunicación, que forman parte de los 102 grupos económicos más grandes del país, tienen obligaciones por más de $ 6 millones con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Según publica en su portal web el SRI, diario El Universo mantiene  una deuda de $ 4,3 millones, grupo El Comercio $ 2,3 millones y Ecuavisa $ 41.594.

Andrés Aráuz, subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría Nacional de  Planificación y Desarrollo (Senplades) y miembro de Política Tributaria del SRI, indicó que diario El Universo no estaría constituido como empresa ecuatoriana. “Su origen estuvo en las Islas Caimán y, actualmente, en la Florida, Miami, por lo que actuaría en Ecuador como empresa extranjera”, apuntó.

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Con esas facultades, El Universo le instauró un arbitraje internacional al Estado en 2012, amparado en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y EE.UU., aduciendo denegación de justicia. Esto significa que cuando una persona o empresa no recibe un buen trato, el Estado tiene que indemnizarla.

Para Aráuz, este es un caso parecido al de la compañía petrolera Chevron que demandó a Ecuador por el juicio que siguen en su contra las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana por daños ambientales.

Estos medios de comunicación forman parte de 102 grupos económicos que adeudan al Servicio de Rentas Internas (SRI) $ 1.831,4 millones por impugnaciones tributarias, incluidos intereses, según el corte al 4 de abril anterior. De esta cifra, 1.683’251.755 dólares han sido impugnados.

Los $ 1.831,4 millones no incluyen obligaciones sobre las cuales existe un reclamo administrativo, informó el SRI. Dos meses antes (4 de febrero) las deudas correspondían a 94 sociedades económicas que tenían pagos pendientes por $ 1.972,8 millones.

Los datos del SRI traen las cifras de las deudas, impugnaciones y excepciones. Las impugnaciones son acciones legales con las que el actor pretende obtener la modificación, revocatoria o invalidación de un acto administrativo. Se tramitan ante los tribunales distritales de lo Fiscal del país.

Por su parte, las excepciones pretenden archivar el procedimiento de ejecución de coactivas, que es el cobro rápido de lo que se le adeuda al Estado y a sus instituciones. Estos casos también se tramitan ante los tribunales distritales.

El sector bancario es otro de los grupos económicos importantes que tiene atrasos con la administración tributaria por $ 300 millones en procesos que están en impugnación en la Función Judicial.

El Banco Pichincha adeuda $ 115,7 millones, el de Guayaquil $ 10,1 millones, el de Machala $ 8,8 millones, Produbanco $ 5,4 millones, Internacional $ 17 millones, Unibanco $ 30 millones y Bolivariano $ 1,7 millones.

Respecto a la deuda que mantiene el Banco Pichincha, el presidente adjunto de la entidad, Antonio Acosta, a través de un comunicado, señaló que en los últimos 5 años el monto pagado por concepto de impuestos por parte de la institución fue $ 92 millones, sin considerar la “ingente carga tributaria del IVA y de otros aportes y contribuciones que afectan el sector”.

Agregó que “el monto determinado en contra del banco resultante de las actas de determinación levantadas en nuestra contra asciende a 68’173.562,59 dólares, correspondientes a los ejercicios económicos 2000-2008 y no a los $ 180 millones que infundadamente se hace referencia en la noticia”.

Por otra parte, el subsecretario de Inversión Pública de la Senplades mencionó que está convencido de que es necesario priorizar la acción pública en función de los grandes montos de deuda, debido a que es un tema que debe ser seriamente analizado para determinar por qué las empresas eluden sus obligaciones con el fisco y caen en la elusión tributaria.

La elusión tributaria consiste en evitar o retrasar el pago de determinados impuestos, utilizando para ello mecanismos y estrategias legales.

EMPRESAS QUE NO QUIEREN QUE SE PUBLIQUEN NOMBRES

En el Servicio de Rentas Internas (SRI) no se informó si la publicación de la lista de los grupos económicos deudores en su página web motivó la búsqueda de un arreglo con la administración, si están o no impugnando y cuál es el siguiente paso.

Pero empresas que no quieren que se publiquen sus nombres en el portal web de la entidad tributaria  han anunciado que buscarán instancias de apelación, acciones de protección o medidas cautelares que son, precisamente, las que les permite eludir y evadir la responsabilidad ante el fisco.

Un proceso judicial se inicia en la parte civil para cobrar las deudas que pueden pasar a la instancia coactiva. Al respecto, en la Fiscalía se dio a conocer que no ha ingresado hasta el momento ningún proceso de esa naturaleza para el trámite penal.