Un total de 24 observaciones realizó el Ejecutivo al proyecto de Ley de Telecomunicaciones y entre las principales está el alza de la base mínima sobre la cual las operadoras del sector  deberán empezar a pagar al Estado un porcentaje de sus ingresos totales.

Se establece una tabla que va del 35% al 75% en la participación en el mercado, sobre el cual tendrán que pagar entre el 1% y 9% de sus ingresos, decisión que en la práctica solo se aplicará a la operadora de telefonía móvil Conecel (Claro) y a la empresa de televisión pagada DirecTV, según lo señaló el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, tras presentar su rendición de cuentas ayer en Quito.          

“En el caso del sistema móvil avanzado, el número de usuarios que tiene la operadora Conecel está alrededor del 67%. En el caso de DirecTV respecto del mercado nacional debe estar en alrededor del 38% y 40%”, informó el funcionario.    

Sin embargo, Jaramillo sostuvo que en el tema de la televisión pagada, el reglamento deberá precisar la aplicación de la norma, ya que existen empresas que brindan este servicio en localidades específicas donde la concentración de mercado es superior al porcentaje establecido por la Ley.

El Superintendente indicó que existen más de 250 oferentes de televisión por suscripción, muchos de los cuales se concentran localmente. Mientras que las operadoras que brindan el servicio de televisión por suscripción en el ámbito nacional solo serían entre 7 u 8.  

Sobre el tema, El TELÉGRAFO buscó un criterio de voceros de Claro y DirecTV. En el caso de la empresa de telefonía móvil Conecel, el representante de los trabajadores, FrancoFernández, dijo que de parte de la empresa aún no hay una posición al respecto y que se “dará oportunamente” un pronunciamiento.

Mientras que desde DirecTV se esperó el criterio de FernandoFerro, director legal y único vocero, sin que hasta el cierre de esta edición se lograse obtenerlo.

Rendición de cuentas

El superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, cumplió ayer la rendición de cuentas del trabajo realizado al frente del organismo de control, su último acto ya  que una vez que entre en vigencia la nueva ley, que está en trámite, la Superintendencia será reemplazada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCT).

El funcionario sostuvo que han sido 7 años de cambios en donde el trabajo estuvo orientado a contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones, otorgándole un mejor control a los operadores que prestan servicios de telecomunicaciones en el Ecuador.     

Entre los logros está el control que se realizó a las empresas de telefonía móvil en sus planes y promociones a través de la compra de tarjetas prepago, servicios y coberturas. Jaramillo indicó que de estos controles se logró el reintegro de dinero a los usuarios por mala aplicación tarifaria y por suspensión de servicios.

Manifestó que se establecieron 338 procesos sancionatorios a las operadoras móviles, los cuales superaron los $3,8 millones entre 2012 y 2014. Además, que las empresas compensaron a los usuarios afectados con la acreditación de saldo en sus líneas por $ 15,4 millones, solo entre 2013 y 2014.

Otro de los logros que destacó fue haber combatido la piratería en la televisión pagada, para lo cual se erradicaron las ‘antenas piratas’. Informó que en este sector existen 1’040.200 suscriptores, lo cual  estaba generando un perjuicio al Estado de $30 millones por año, al haber bloqueado 5.200 decodificadores Az América y 3.200 Azbox.  

En cuanto al índice de teléfonos robados, la Superintendencia bloqueó 8 millones de terminales. Jaramillo informó que en 2012  se llegó a establecer que 2.103 teléfonos se robaban por día en el país, hecho que se redujo notablemente, llegando actualmente a 1.000 por día a nivel nacional.

DATOS

El Ejecutivo establece en el veto que la recaudación del pago que hagan las operadoras de telecomunicaciones se lo hará trimestralmente y será cobrada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.   

El dinero que se recaude por las sanciones que se aplique por infracciones a la ley ingresarán al Presupuesto del Estado .

Los proveedores de títulos habilitantes para servicios de radiodifusión de tipo comunitario y privado están obligados al pago de las tarifas por adjudicación y utilización de frecuencias, aun cuando estuviere suspenso su funcionamiento. Se exceptúan de estos pagos los servicios de radiodifusión del tipo públicos.   

El veto se conocerá el miércoles en la Comisión de Gobiernos Autónomos.