Los controles y el pago del Impuesto a la Renta (IR) de los grandes grupos económicos del país se han incrementado notablemente en los últimos 8 años, pasando de una cancelación de tributos de $ 450 millones en 2006 a $1.082 millones en 2013, según lo revelan cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI). La carga tributaria pasó de 1,94% a 2,37%.

De acuerdo con la entidad tributaria, varias empresas han tenido entre 2006 y 2013 un incremento importante del pago del Impuesto a la Renta al Estado, con un aumento de 200, 300 y hasta 6 mil veces.

Para Ximena Amoroso, directora general del SRI, el incremento se ha dado porque antes los grandes grupos económicos no pagaban impuestos y ahora sí lo hacen, según su capacidad y acumulación de riqueza. Pero, ¿cuánto deben los 102 grupos económicos más grandes del país? El SRI tiene una cartera activa (por ser cobrada) que está gestionando por alrededor de $ 920 millones. “La cartera gestionable son aquellos casos que ya estamos ganando, donde no hubo ningún juicio y estamos tramitando en términos de lo que hemos determinado (monto de deuda). Obviamente los contribuyentes nos piden plazos cuando cometen alguna infracción y son sujetos a estos para que puedan pagar sus impuestos”, dijo.

La entidad tributaria tiene en los tribunales de justicia del país aproximadamente 7.190 juicios activos, que poseen una cartera suspendida (por cobrar) de $ 2.835 millones.

Las principales obligaciones pendientes corresponden al sector petrolero, bananero, bancario y contratista del Estado. También constan medios de comunicación.

“La cartera suspendida es la que está en los tribunales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se encuentra en juicio y debatimos con los contribuyentes. Ellos dan sus argumentos y nosotros defendemos los recursos del Estado”, dijo Amoroso, quien recalcó que por respeto no pueden darse los nombres de las empresas.

Los datos del SRI traen las cifras de las deudas, impugnaciones y excepciones. Las impugnaciones son acciones legales con las que el actor pretende obtener la modificación, revocatoria o invalidación de un acto administrativo. Se tramitan ante los tribunales distritales de lo fiscal del país.

Demora en juicios

De acuerdo con la funcionaria, los juicios contra los grandes grupos económicos pueden durar en los tribunales hasta 7 años, por las distintas instancias que la ley permite.

“Quienes llegan a estas instancias son las grandes empresas, que pueden pagar abogados y que pueden hacer el carrusel jurídico, que cuando cesa un derecho nace otro y entonces eso es un problema. Es un tema que debemos cuestionarlo en el país y empezar a replantear por ejemplo un Código Tributario, que es bastante obsoleto y que permite este tipo de carruseles jurídicos”, aseveró Amoroso.

En los últimos meses, una gran cantidad de juicios han empezado a salir en favor del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Uno de ellos fue al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (Conecel S.A.), luego de que la CNJ, a través de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, desechó el 29 de mayo el recurso interpuesto por la empresa dueña de la marca Claro, en el juicio iniciado por la multinacional en contra del SRI por el Impuesto a la Renta (IR) y otros gravámenes, desde 2003 hasta 2006. La empresa de telefonía móvil tuvo que pagar $ 123 millones.

El litigio ganado por el SRI a la operadora también benefició a cerca de 1.500 extrabajadores, quienes al momento están en proceso y reciben el pago de utilidades generadas entre 2003 y 2006.

“En algún momento los grandes grupos económicos esperaban que este Gobierno o las personas que ocupan cargos en el SRI cambiaran y que estos juicios, que son en perjuicio del Estado, se dieran de baja. Mientras nosotros estemos aquí, pelearemos y velaremos para que el Estado pueda ganar los litigios y defender los recursos de los ciudadanos”, resaltó la titular de la entidad.

¿Qué se puede construir con los recursos en litigio?

Los $ 2.835 millones que adeudan los grandes grupos económicos y que están en litigio representan un 32,7% de la inversión pública de todo el país en el año ($ 8.660 millones) y más de la cuarta parte de lo que se necesita para financiar la refinería del Pacífico ($ 10.000 millones). Con estos recursos también se podría construir decenas de grandes hospitales y cientos de Escuelas del Milenio.

No pagan lo que deberían

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elaborado en 2013 aseguró que las gigantes corporaciones ni pagan lo que deberían ni tributan donde generan su renta, afectando las cajas fiscales, tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados.

Según la ONG Británica Christian Aid, la evasión fiscal de las transnacionales es un grave riesgo para los ingresos fiscales, la soberanía y la equidad fiscal de los países.

Las estrategias de las transnacionales para trasladar ganancias reducen al mínimo el pago de impuestos y erosionan la base fiscal. Asimismo, las reglas fiscales internacionales vigentes, elaboradas hace 80 años, no han seguido el ritmo de la evolución del entorno empresarial.

El sistema fiscal internacional permite y anima a las transnacionales a eliminar o reducir significativamente sus impuestos. En tanto que la evasión fiscal de las transnacionales les proporciona más competitividad, en relación con las empresas que operan a nivel nacional.