Con un nuevo llamado para exigir que el consorcio ICIJ publique  toda la información sobre los Papeles de Panamá, el presidente Rafael Correa se refirió a través de su cuenta en Twitter sobre la publicación de diario EL TELÉGRAFO.  

“La lucha ‘selectiva’ contra la corrupción sólo es... ¡más corrupción!”, escribió el Mandatario a propósito de las filtraciones sobre la cuentas offshore de la firma legal Mossack Fonseca.

El escándalo de esta empresa vincula a 600 personas, y en días pasados el director de la ICIJ Gerard Ryle indicó que no publicarán nombres de personas privadas. Frente a esto EL TELÉGRAFO presentó el lunes una investigación sobre los ecuatorianos que tendrían cuentas y sociedades en paraísos fiscales.

Los organismos del Estado como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recomendaron revisar la licitud de los depósitos de las empresas en donde son accionistas el asambleísta Andrés Páez Benalcázar (ex-Izquierda Democrática y actualmente de filas de CREO), sus familiares Álvaro y Esteban.

Algunas de las empresas de los Páez (Metrovalores) tendrían nexos con una empresa en Panamá, país que -según el SRI- se encuentra en una lista de 87 jurisdicciones, territorios y Estados considerados paraísos fiscales. Además de estar vinculado con Robert Stanford, norteamericano que fue condenado a 110 años de prisión por lavado de activos, estafa y otros delitos financieros en 2012.

En cambio, los miembros de la Comisión de Justicia y Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunirán mañana con el objetivo de analizar lo referente a los ecuatorianos implicados en los ‘Panamá papers’: cuentas en paraísos fiscales.

El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, explicó que la investigación de cada caso se realizará para descartar que hubo evasión fiscal y otros delitos relacionados a la procedencia del dinero. Con toda la información recabada presentarán un informe al pleno.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, dijo que se ha pedido información al SRI y otras entidades: “Hay un doble discurso, (Guillermo) Lasso (CREO) habla de traer inversión extranjera, pero su hijo administra sus fondos en Panamá, su discurso se cayó”.

Resaltó que Lasso tuvo su banco en Panamá antes de las reformas tributarias, de allí que sugirió: “Hay que llegar al fondo de esto”.

Licitud de fondos

Voceros de organismos del Estado coinciden en señalar que, en el caso de las empresas, negocios y movimiento de cuentas de los hermanos Páez y sus allegados, es fundamental, por ejemplo, establecer la licitud de fondos de las cuentas, de manera especial del 2012 al 2015, entre ellos, un depósito por $638.327 a favor de “Asesoría y Gestión Estudio Jurídico A&G”, donde Andrés y su hermano Álvaro Páez tienen, cada uno, el 40% de acciones.

Además creen que es importante  realizar una auditoría del manejo y uso de los fideicomisos administrados por “Fiduciaria Ecuador, Fiduecuador S.A.”, así como revisar la licitud del traspaso gratuito de acciones. En esta empresa, Álvaro tiene el 33% de acciones, según consta en la Superintendencia de Compañías (SC) y en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Se recomienda hacerlo porque Stanford fue quien  transfirió a título oneroso el 100% de acciones de “Fiduecuador S.A.” a Álvaro Páez, Ulises Alvear, Julio Mera y Dayana Hernández, por $1’112.941. Además, porque entre 2007 y 2012, esta empresa declaró cero de pago al Impuesto a la Renta (IR).

Se determinó que el caso de Metrovalores tiene como principal accionista a Metrovalores Investment Inc., constituida en Panamá en 2011 y liderada por Janio Luis Lescure Sánchez, abogado relacionado —según el portal Opencorporates.com— con al menos 85 empresas y más de 130 nombramientos en Panamá.

Según datos de la SC, la empresa panameña pasa a ser accionista de Metrovalores Casa de Valores S.A. en 2011, la cual un año antes se llamaba Stanford Group Casa de Valores S.A, y tenía como principal inversionista a Robert Allen Stanford.

Esta no sería la única empresa en la que Álvaro tiene conexiones con Stanford, pues fue gerente general de Stanford Services Ecuador S.A. en 2009, constituida por el estadounidense en 2005.   

Además, sobre la empresa “Metrovalores Casa de Valores S.A.”, en donde Álvaro tiene el 25% de las acciones, se pide investigar por qué entre 2012 y 2015, pese a recibir ingresos en sus cuentas bancarias por $3’981.994, no pagó tributos al Estado, pues declaró cero de IR.

Fuentes del Sercop solicitan evitar que la empresa “Turbomotores Ecuatorianos, Turbobakuz S.A.”, en donde Álvaro es el presidente, siga participando de todo tipo de licitación de compras públicas. En este caso, se identificó que entre 2010 y 2015 mantuvo contratos con Petroamazonas, de lo cual recibió la suma de $10’394.716, y aún así declara en algunos años cero de pago al IR.

Igual solicitud se hace con respecto a “Corporación Creativa Creatoscorp S.A.”, en donde el accionista mayor es un amigo y colaborador de Andrés Páez. Además, como contrata con empresas públicas, se pide realizar una revisión por precios de transferencia ante la posibilidad de que haya proveedores relacionados: Juan Valarezo Barahona y los hermanos Saona Muñoz, que figuran como accionistas y proveedores.    

También se sugiere analizar los términos de negociación de los contratos efectuados con esta compañía y revisar el proceso de licitación, proforma y adjudicación de obra, para determinar si fue beneficiada con respecto a otras empresas con mejores precios.

Documentos de contratación pública dan cuenta de que “Creatoscorp S.A” fue contratada para la búsqueda de contribuciones de la sociedad civil y la empresa privada, las cuales serían canalizadas a través de las gobernaciones dentro de la iniciativa Yasuní ITT y también para la organización de la campaña “Yasunízate” que proponían mantener sin explotar las reservas petroleras en el Parque Nacional Yasuní.

Se pide investigar, igualmente, un posible caso de proveedores relacionados y una auditoría tributaria por el presunto mal manejo económico y acumulación de pérdidas contables de la empresa “Creatosfera Cía. Ltda”, la cual -según información de la Superintendencia de Compañías- está en proceso de liquidación. Aquí, el accionista mayoritario es otro amigo y colaborador de Andrés Páez, identificado como Jorge Medardo Márquez Ruiz.

En la “Academia Talentum, Acatalentum Cía Ltda”, Esteban Páez es el contador y Sócrates Andrade Falconí, accionista mayoritario, con el 66%, quien es hermano de Yomara del Rocío Andrade Falconí, asistente de Andrés Páez.

Esta compañía tuvo contratos con varias empresas públicas, entre ellas, los ministerios de Agricultura y Telecomunicaciones y el Banco del Estado. Además, tienen relación con “Fundación Amparo y Formación Infantil Padre José Kentenich”, que  sirve como intermediaria de los servicios que presta a entes públicos.

En este último caso se recomienda revisar el posible incumplimiento de los estatutos de la Fundación, tomando en cuenta que no está facultada para hacerlo, ya que es de beneficio social y no de lucro, lo que violentaría sus estatutos.

Reacciones a las publicaciones

En una entrevista publicada en diario El Universo, la vicedirectora de ICIJ, Marina Walker, dijo que con solo enfocarse en políticos no se ahonda en el problema.

En esa línea, diario EL TELÉGRAFO expuso vínculos de familiares de políticos y funcionarios con empresas inscritas en Panamá como el pariente del expresidente del Congreso Nacional, Heinz Moeller; los hermanos del alcalde y la vicealcaldesa de Guayaquil; y la exmilitante del partido político Ruptura 25, Silvia Elena Buendía Silva. Ella negó su vinculación con Inversiones Buendía S.A. en Panamá en la que figura como su presidenta y directora. La calificó como “una mentira armada al apuro”.

Mientras tanto, el grupo denominado ‘Juventud por la Ética’ activó una petición en la plataforma change.org para que se difunda toda la información relacionada con los ‘Panamá papers’. La carta está dirigida a los directivos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y a los directivos y periodistas de los 2 diarios ecuatorianos que participaron en la investigación.

En la petición, el grupo cuestiona que del pequeño número de documentos publicados, ninguno da información de los manejos financieros ocultos de empresas o personajes de Estados Unidos.

Juventud por la Ética apunta que resulta extraño “que un número importante de políticos, funcionarios públicos y líderes mundiales que representan a la derecha neoliberal, y que tienen evidenciadas vinculaciones con sociedades offshore en Panamá, ha sido ‘omitido’ por la investigación”.

“Es por eso que los ciudadanos exigimos a los medios de comunicación que participaron de la investigación... que respeten nuestro derecho a la verdad y la información completa y publiquen al mundo todos los papeles de Panamá”, subraya la petición. (I)