La negativa por parte del director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Gerard Ryle, sobre publicar en su portal toda la base de datos de la firma Mossack Fonseca, que involucra a alrededor de 600 personas con supuestas cuentas offshore, ha causado varios cuestionamientos en redes sociales y medios de comunicación.

Ryle manifestó al portal Wired que no lo harían debido a que no quieren exponer “información sensible de individuos privados inocentes”.

El primer mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, objetó las declaraciones de Ryle y aseguró que “esto huele muy mal” y el domingo pasado exigió nuevamente a través de su cuenta de Twitter que se publique toda la información: “Es la táctica de la derecha para neutralizar al poder político que no le conviene (...) Exijamos toda la información. Veremos cómo están encubriendo incluso hasta a sus propios jefes. Ciudadanos, insisto: exigir toda la información y a no dejarnos manipular”.  

Hasta el momento 3 ecuatorianos han sido mencionados en la filtración. No obstante, en su portal web panamapapers.icij.org señala que el país tuvo al menos 324 intermediarios (bancos, firmas de abogados, socios y otros para la creación de empresas, fundaciones y fideicomisos para los clientes).

Para la vicedirectora del ICIJ, Marina Walker “un paraíso fiscal no siempre es símbolo de crimen, pero casi todos los grandes actos de corrupción que estamos viendo en el mundo tienen un elemento offshore”. Así lo expresó en una entrevista al diario guayaquileño El Universo, uno de los 2 medios ecuatorianos que colaboró en la supuesta investigación del ICIJ.

Walker manifestó que “los paraísos fiscales no son lugares transparentes para ir a hacer negocios. Son lugares que facilitan el secretismo”.

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), 87 territorios o Estados asociados se consideran paraísos fiscales. Entre ellos están Panamá, Barbados, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Nigeria, entre otros.

En ese sentido, Walker contradice las declaraciones del director de ICIJ al decir  que no existen límites éticos en el periodismo al momento de indagar las prácticas de empresas privadas, puesto que “los empresarios juegan un rol fundamental en nuestras sociedades, como inversionistas, como personas que influencian la opinión pública y también como pagadores de impuestos”.

Además, solo centrarse en políticos o en personalidades públicas no iría “al fondo del problema”. Según Walker “los empresarios también deben dar cuenta y es absolutamente pertinente y legítimo que el periodismo haga preguntas a esos empresarios, sin ocultar, mostrando los hechos, pidiendo descargos”.

La representante del ICIJ niega las declaraciones de la organización WikiLeaks sobre su financiamiento supuestamente coordinado por la organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) y por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Dicha información fue confirmada -según RIA Novosti- en rueda de prensa por el viceportavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Mark Toner.

Sin embargo, Walker afirma que la noticia fue inventada: “El ICIJ no ha recibido ningún financiamiento de Estados Unidos, ni un solo peso, jamás en su vida; tenemos prohibido por estatuto recibir financiamiento de un gobierno”.

Descartó que exista una conspiración política detrás de la filtración.

Finalmente, señaló que el ICIJ, por política, no tiene la obligación de entregar documentación a los gobiernos, pues aclaró que no son “una agencia del gobierno”. (I)