Cobros por un seguro de vida que no solicitaron y la acreditación de compras que no realizaron eran algunas de las quejas de los clientes, del Banco Territorial, antes de que la Junta Bancaria notificara la suspensión de sus operaciones por insolvencia.

Elizabeth Vega, quien fue posesionada, el pasado 5 de febrero, como defensora del Cliente del Territorial, dijo que hasta el 18 de marzo (cierre del banco) recibió tres  quejas por escrito y 20 consultas verbales de usuarios insatisfechos.

La mayoría -explicó- hacía referencia al cobro de 1,96 dólares en sus estados de cuenta por el seguro Porvenir que pertenecía al mismo banco, pese a que los clientes no requerían el servicio. “El banco los obligaba a firmar un documento en el que autorizaban el cobro y si no aceptaban les decían a los clientes que no recibirían la tarjeta de crédito Casa Tosi”.

Entre las quejas también había la de una clienta que denunció el recargo de 1.000 dólares a su estado de cuenta por unas compras que habría realizado en Panamá, cuando ella nunca ha salido del país. “Solicité la información al banco, pero la subgerenta de Servicio al Cliente dijo que no podía dármela y luego aseguró -vía correo electrónico- que yo no la había solicitado por escrito, pero tengo la solicitud. Y tras el cierre del banco no pude tramitar esos reclamos”, dijo Vega.

Desde que fue suspendido el banco, la defensora del Cliente recepta  las denuncias por el correo [email protected] y aseguró que vigilará el proceso hasta que todos los depositantes hayan recuperado su dinero.

Considera que la intervención de la Superintendencia de Bancos fue oportuna para evitar sucesos como los que ocurrieron en 1999.

En los pocos días que laboró en el Territorial no logró que la entidad notificara a sus clientes que  existía la Defensoría, pues Vega aseguró que los directivos estaban reacios a difundir el nuevo beneficio al que tienen acceso los usuarios de la banca.