Este jueves 13 de febrero, el pleno de la Asamblea Nacional continuó con el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Los legisladores coinciden que la ley no está lista para votar.

Según indicó el asambleísta Bairon Valle, falta pulir temas como: definición de pesca artesanal, prenda pesquera y competencias del Instituto de Pesca.

Los legisladores escucharon a Vicente Piguave, representante de los sectores acuícola y pesquero artesanal, quien recordó que ninguna de las personas que fueron recibidas en la primera jornada de debate de este proyecto habló acerca de los requerimientos del sector artesanal.

"La pesca artesanal es parte de nuestra cultura, es una pesca ancestral y debe ser considerada en la Ley; trabajamos solo con una red y nuestras manos, no ocupamos ningún otro instrumento", dijo.  Añadió que a los productores artesanales les llega las regulaciones, las sanciones y las multas, pero nunca nos han dado incentivos para poder mejorar nuestras actividades.

Luego, los asambleístas coincidieron en que se trata de una Ley necesaria para potenciar el desarrollo de las actividades acuícola y pesquera. 

Mercedes Serrano, por el Partido Social Cristiano,  sugirió que la sede del Instituto de Investigación Acuícola y Pesquera sea en la ciudad de Machala, por haber sido la pionera del camarón en cautiverio, destacó que existe la Facultad de Acuicultura de la Universidad Técnica con excelentes profesionales.

Además advirtió que la hipoteca acuícola no es una figura regulada para facilitar los créditos para el sector, por lo que recomienda corregir el artículo 50 de la Ley.  Por su parte la asambleísta Marcela Aguinaga, indicó que ya se ha eliminado del proyecto de Ley este instrumento, pero le preocupa que se cree la figura de la prenda pesquera y acuícola.

El representante de Santa Elena, Carlos Cambala, dijo que la Ley abarca tres aspectos importantes: el adecuado manejo de recursos pesqueros, protección a los más desprotegidos y la sostenibilidad del ambiente marino y fluvial.

El legislador solicitó que se excluya el artículo 20 de la Ley, que tiene relación con la creación de la Agencia de Regulación y Control Acuícola y Pesquero. Cree que estos organismos de control no han sido un practica positiva debido a que son "burocráticas y sancionadoras".

Otra de las necesidades que fueron expuestas es la de generar un fondo de ahorro, que garantice en el tiempo a los productores artesanales la renovación de sus embarcaciones, así como el acceso a nuevas líneas de crédito que les permitan ser  competitivos.

Cambala también pidió una revisión al artículo 217 sobre las multas a la actividad pesquera artesanal. Existen valores que pueden llegar hasta los $ 4000, "es desproporcionado, ni vendiendo sus embarcaciones podrían pagar dichos montos", aseguró.

La concesión de playas y bahías es un tema que les preocupa a Fernando Callejas y Silvia Salgado, asambleístas  de Tungurahua e Imbabura respectivamente.

El artículo 61 del proyecto de Ley establece que para desarrollar la actividad en las zonas de playas y bahía se deberá contar con la concesión de uso y ocupación de dichas áreas. A criterio de Callejas "no se debe dar paso".

Por su parte Salgado, indicó que las playas y bahías son bienes nacionales de uso público. "El Estado debe garantizar el derecho al acceso a todos los ecuatorianos. Sería inconstitucional la figura de concesión, no deberían contar en este proyecto de ley", finalizó. 

Igualmente, con el propósito de impulsar el desarrollo de estos sectores, varios legisladores propusieron la creación del Ministerio de Acuicultura y Pesca, que sería el ente rector de este segmento productivo.

Además, visibilizaron la oportunidad para normar las especificidades de la pesca artesanal y los diversos segmentos de la pesca industrial, de acuerdo con la capacidad de las naves, pues esto permitirá establecer con claridad las infracciones en que incurran cada uno de ellos y las correspondientes sanciones, de acuerdo con la capacidad de pago de cada segmento, para lo cual se deberá considerar la última declaración del Impuesto a la Renta de la persona natural o jurídica a quien se aplique la sanción.  

Fueron alrededor de 17 intervenciones las que se dieron en el pleno. Los temas serán analizados para presentar un texto final y proceder a la votación, los próximos días.  (I)