La remisión de intereses de deudas, el aumento de beneficios para el sector agropecuario y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) fueron los temas más recurrentes en el primer debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal, que se realizó este martes 12 de junio en el pleno de la Asamblea.

Pabel Muñoz, legislador del bloque de Revolución Ciudadana, cuestionó varios puntos del proyecto del Ejecutivo y advirtió que no se conoce el impacto fiscal a mediano y largo plazo que tendría la normativa.

Ante esta situación, dijo que el Ministerio de Finanzas debe transparentar el informe de sostenibilidad de la propuesta del Gobierno.

De acuerdo al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, con la propuesta de remisión de deudas se ha proyectado recaudar en los próximos tres años $ 774 millones, de los cuales $ 602 millones se prevén para 2018, $ 115 millones en 2019 y $57 millones en 2020.

Muñoz señaló que cuando se realizó el proceso de remisión de deudas en 2015, la economía ecuatoriana pasaba por un período de decrecimiento y el precio del barril de petróleo bordeaba los $ 20, por ello cuestionó que el Gobierno incluyó este tema en el proyecto de ley cuando la economía está en crecimiento y con un barril de petróleo de más de $ 70.

“Las remisiones e incentivos se pueden usar en determinados momentos. La gran pregunta es cuál es el impacto fiscal de este proceso y a quién beneficiará estas remisiones”, dijo el legislador.

Mauricio Proaño, asambleísta de Alianza PAIS y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, que emitió el informe para el tratamiento de la ley, criticó que durante el análisis de la iniciativa el Gobierno no entregó la información necesaria, como el plan de sostenibilidad económica.

El legislador cuestionó que no se entregara la lista de quienes se beneficiarían de la reducción de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ni el detalle de los grupos económicos que saldrían favorecidos con la remisión de deudas que tienen con el Servicio de Rentas Internas (SRI) o con las aduanas.

Sector agropecuario pide ser incluido en el proyecto de ley

Previo al debate, el pleno recibió a Israel Avilés, representante de los deudores de la banca pública, quien pidió que dentro de las remisiones se consideren a los productores agrícolas que adquirieron compromisos con el desaparecido Banco de Fomento.  

Sostuvo que muchos agricultores obtuvieron préstamos para producir sus tierras y que por los fenómenos naturales las perdieron y no pudieron cubrir sus compromisos. Hoy se ven envueltos en juicios coactivos, embargos y persecución de la banca pública.

El asambleísta por el movimiento Creando Oportunidades (CREO), Franco Romero, fustigó que el proyecto de ley busca resolver los problemas de los grandes empresarios, pero no los de los agricultores.  

Al respecto señaló que se debe incluir el desarrollo de infraestructura, como represas, canales de riego y drenaje, para asegurar las cosechas, así como silos para el almacenamiento de granos, entre otros. (I)

Divisas
No hubo consenso
Los legisladores tienen posiciones divididas por la eliminación del Impuesto de Salida de Divisas (ISD). Unos consideran que habrá fuga de dólares, mientras que otros aseguran que es un incentivo para atraer las inversiones.  

19 cuerpos legales modifica el proyecto de ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea.

Atracción de inversiones
La mayoría de legisladores coincidió en la importancia que tienen para el país los Tratados Bilaterales de Inversiones. (I)