La regulación de la participación de las empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias, el establecimiento de normas que sancionan la actividad minera ilegal, la incorporación del régimen de mediana minería, y cambios en el impuesto a los ingresos extraordinarios, son los principales aspectos de la reforma que plantea el Ejecutivo en el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Minería y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, calificado de urgencia en materia económica.

El documento menciona que en  los procesos de subasta o remate público se exceptúa el otorgamiento de concesiones mineras que efectúe el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial, mediante delegación a empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias, compañías de economía mixta o a consorcios en los que éstas tengan participación mayoritaria, según la propuesta.

Sugiere además que para ejecutar las actividades mineras se requiere obligatoriamente la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente y un acto administrativo motivado y favorable de la Autoridad Única del Agua.

Si el concesionario minero advirtiere  que sus actividades pudieren afectar a los bienes o patrimonio, solicitará la autorización a la entidad competente. Los autores de las actividades o propietarios de los bienes serán multados por la Agencia de Regulación y Control Minero con 200 a 500 remuneraciones básicas unificadas, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El documento manifiesta que habrá sanción para los titulares de los derechos mineros que consientan el cometimiento de actividades mineras ilegales.

60% de las regalías podrá ser utilizado por el Gobierno
para la construcción de obraEl concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal o los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas y, para el caso de oro, cobre o plata, no mayor al 8%, adicional al pago correspondiente del impuesto a la renta, del porcentaje de las utilidades atribuidas al Estado conforme esta ley, del impuesto sobre los ingresos extraordinarios, y del impuesto al valor agregado. El Gobierno por su parte podrá utilizar el 60% de las regalías señaladas para obras en las respectivas localidades.

Además, la inversión nacional o extranjera que se efectúe en actividades de mediana minería se sujetará al Código de la Producción. También se establecen rangos para la labor artesanal, la pequeña minería y se considera que se llega a gran escala cuando supera los volúmenes máximos establecidos para la mediana minería.

Al respecto, Jaime Jarrín, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom),   considera que este proyecto llena un vacío que existe con la ley anterior.

Precisó que la propuesta apoya el desarrollo de la actividad e incentiva la exploración. “Prácticamente en el país todo está por descubrirse, y lo que necesitamos es exploración a gran escala, porque a veces ni siquiera conocemos con exactitud qué minerales tenemos en la superficie, peor aún lo que existe en el subsuelo, de tal manera que en nuestro país  aún hay mucho por hacer en el tema minero”, puntualizó.

Jarrín resaltó que gracias al Gobierno se han implementado varias políticas que benefician en primera instancia a la comunidad o sector en donde se ubica un proyecto o concesión minera.