En el proyecto de ley de Incentivos Tributarios, la redefinición del precio ex aduana allana el camino para la ratificación del Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea (UE). En eso coincidieron Juan Carlos Cassinnelli, ministro de Comercio Exterior, y Santiago León, titular de Industrias y Productividad, quienes sostienen que el texto retoma un tecnicismo existente anteriormente.

Cuando se firmó el convenio de ampliación de las preferencias arancelarias con la UE, Ecuador asumió el compromiso de no hacer modificaciones en temas relacionados a importación de licores.

Sin embargo, explicó Cassinnelli, a los 30 días se hizo una reforma, que se trataba con anticipación, “y eso viene siendo reclamado con justo derecho por la Unión Europea, desde hace poco más de un año”.

León precisó que se trata de una “homologación” y facilidad de cálculo para la declaración en aduana, solicitada tanto por la UE como por el sector importador del país.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) observó con optimismo la aclaración. El presidente del gremio, Daniel Legarda, armonizó con las aseveraciones de los funcionarios, porque, a su criterio, se elimina “una discriminación que se hacía para el cálculo del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) en algunas importaciones, frente al producto local”.

Pero aquello no lo es todo. Legarda, Cassinnelli y León hablaron de otros puntos por resolver: los cupos a la importación de vehículos, precisiones en el contenido del Código Ingenios (relacionado a patentes) o el impuesto a la renta a las compañías de seguro.

Los ministros manifestaron que el Gobierno trabaja en esos asuntos. Para Legarda la situación no requiere de una ley, sino de resoluciones ministeriales.

Transportistas están motivados

Los incentivos tributarios para los transportistas promueven la formalización de la actividad y la homologación de beneficios, comentó Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), durante su comparecencia en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.

En el caso de la exoneración del impuesto a la propiedad de vehículos, que actualmente cobija a los automotores de propiedad de choferes profesionales, lo que se pretende igualar la exención del 100% a las operadoras de transporte público de pasajeros y de taxis.

“Si en este caso las unidades pasan como aporte de los socios o se adquieren nuevas unidades en favor de las compañías, se quiere que  tengan el mismo tratamiento”, dijo Orlando.

Similar criterio se manejó para  el incentivo relacionado al anticipo del Impuesto a la Renta (IR), indicó el funcionario. La norma propone a las operadoras de transporte público y comercial no considerar en el cálculo el valor de las unidades de transporte, tanto en activos, costos, gastos y patrimonio.

“Esto va a ser un alivio para las empresas”, acotó Juan Carlos Andrade, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado.

Se formalizará el servicio porque se estimula la creación de empresas de transporte, que accederán al incentivo si están legalmente constituidas, mencionó Andrade.

No obstante, Daniel Legarda, quien también es parte del Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE), cuestionó que solo se haya considerado al sector de la transportación, cuando ha sido un pedido recurrente de los empresarios.

Ayer se tenía prevista la comparecencia de Richard Martínez, presidente del CCE, para conocer la posición del gremio, pero se excusó por inconvenientes personales. Se espera un pronunciamiento sobre el proyecto en los próximos días.

Gobierno quiere descongestionar la atención que presta el IESS

Si la Asamblea Nacional aprueba la deducción adicional de los gastos de seguros médicos y medicina prepagada contratados en favor de los trabajadores, las compañías de seguros privados podrían tener 400.000 nuevos clientes.

El proyecto propone que, para efectos del establecimiento del impuesto a la renta, las micro y pequeñas empresas podrán deducir el 100% de esos gastos y las compañías medianas y grandes el 50%. La condición es que la cobertura aplique a todo el personal y se contrate a empresas domiciliadas en el país. Según datos del SRI, 8.934 sociedades tienen contratos con seguros privados.

Orlando aseguró que, mediante la extensión de la cobertura de la medicina prepagada, se descongestionaría la atención en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Al cierre de esta edición, la Comisión de Régimen Económico esperaba la presencia de Margarita Guevara, ministra de Salud, y de Christian Cisneros, director de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. (I)

DATOS

939.859 empleados trabajan en las 8.934 empresas del país que contratan seguros privados. De esa cantidad, empero, solo 430.286 trabajadores están cubiertos por el seguro privado.

$ 215,6 millones pagan por contratos de seguros las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas ecuatorianas.

Una de cada cuatro personas que tiene aseguramiento privado utiliza también los servicios proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

$ 63,4 millones dejará de recibir el Fisco si se aprueban los incentivos propuestos en el proyecto de ley. De esa cifra, $ 2,3 millones corresponden a la modificación ex aduana; $ 1,1 millones al incentivo al transporte; y $ 60 millones a la deducción del gasto por medicina prepagada.

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La economía se recupera

Proveedores del Estado cobraron $ 800 millones

La economía ecuatoriana presenta indicios de recuperación. Así lo afirmó el ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera (foto), durante una entrevista al portal digital de noticias Ecuador Inmediato.

La evolución positiva de los depósitos y créditos de la banca privada, el pago a proveedores por parte del Estado, el ingreso de inversión extranjera y el acceso a financiamiento internacional han permitido que la situación del país muestre signos a favor.

Rivera insistió que la economía ecuatoriana presentará un mejor comportamiento en el segundo semestre.

Pese al terremoto del 16 de abril, en los últimos 8 meses, los depósitos en el sistema bancario nacional han incrementado en $ 1.540 millones, recoge la entrevista. De igual manera, en los últimos 5 meses, el crédito creció $ 376 millones.

En pago a proveedores, el Estado ha cancelado aproximadamente $ 800 millones. Se alista un desembolso adicional por $ 350 millones. (I)