El 23 de marzo de 2020, Ecuador marcó el primer hito de la renegociación de la deuda con la cancelación de $ 341 millones por pago de capital e intereses de los Bonos 2020, en medio de la crisis del covid-19.

El pago fue criticado por muchos sectores sociales; sin embargo, el cumplimiento de esta obligación le permitió al país recibir nuevo financiamiento y llegar al último acuerdo con los principales tenedores de bonos.

Finanzas informó que con el pago de los Bonos 2020, el país dejaría de pagar unos $ 216 millones de intereses de los Bonos 2022, 2025 y 2030, haciendo uso de un derecho de gracia de 30 días. Dicho monto serviría para enfrentar la crisis sanitaria y económica del covid-19.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, explicó que, de no haberse hecho el pago de capital de los Bonos 2020, el país podría haber caído en default (no pago). “Lo que habría traído graves consecuencias”, dijo, no solo para la economía local, sino para acceder a créditos.

El secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, dijo el lunes en rueda de prensa que “ese pago logró que vengan $ 1.800 millones en los próximos seis meses y (con el acuerdo) se logra un perdón de $ 1.500 millones de deuda”. Acotó que se están cuidando las finanzas para los próximos 15 años.

Acuerdos con tenedores

Otro de los hechos importantes en el marco de la renegociación se dio el 17 de abril de 2020; Ecuador consiguió la aprobación de la Solicitud de Consentimiento que buscaba diferir pago de intereses hasta el 15 de agosto de 2020.

Esta decisión le permitió al país aplazar el pago de $ 911 millones, entre marzo y agosto, que se pagarán a partir de 2026 si se concreta oficialmente el acuerdo.

Aquello, más la renegociación de los bonos de Petroamazonas y la llegada de recursos de organismos internaciones, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros, fueron claves para llegar al último anuncio del Gobierno Nacional con el grupo más importante de tenedores de bonos que representan el 45% del total de papeles de Ecuador en el mercado internacional.

Según el presidente de la República, Lenín Moreno, esto permitirá reducir $ 1.500 millones de deuda, bajar interés del 9,3% al 5,2%. Además, ampliar el plazo en 10 años más y obtener cinco años de gracia para pago de capital.

Frente a esta coyuntura, el analista económico Jorge Calderón considera que el reperfilamiento de la deuda externa que ha logrado el país es muy conveniente. ”Lo importante es que el Gobierno pueda usar adecuadamente esos recursos que está liberando, los cuales pueden ser direccionados a mayores créditos para reactivar la economía ecuatoriana”.

Reitera la necesidad de reducir el gasto estatal, lo que libera recursos para actividades realmente productivas.

Sobre el endeudamiento, el experto dice que es el momento para establecer nuevos parámetros, plazos de pago, períodos de gracia y tasas de interés. “Si bien la Ley de Finanzas Públicas ya los va delineando, es importante que puedan ser respetados”.

Además, cree importante que se den las directrices con los distintos períodos de renegociación, a fin de que los recursos se destinen a los sectores que en verdad lo necesitan.

Ley de Finanzas Públicas sigue en la Asamblea

Un instrumento importante para dar sostenibilidad al manejo de la deuda pública es la Ley de Finanzas Públicas aprobada en la Asamblea. El veto presidencial ahora está en el Legislativo y si el Pleno no continúa su debate hasta el 15 de julio, pasará por el Ministerio de la Ley. El 2 de julio, el veto parcial del Ejecutivo no obtuvo los 91 votos necesarios de los legisladores para su allanamiento.

Uno de los temas que causó debate fue la objeción a la vigésima sexta disposición transitoria, en la que se establece que para cumplir con la regla de deuda del 40% en relación al PIB, el ente rector de las finanzas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública y otras obligaciones de acuerdo a los siguientes límites: 57% del PIB hasta 2025, 45% del PIB hasta 2030 y 40% del PIB hasta 2032 y en adelante.

Patricio Donoso (CREO) considera que la ley efectivamente ayudará a mejorar el manejo de la deuda pública y que es el camino para adquirir créditos internacionales. Por el contrario, Esteban Melo (Revolución Ciudadana) sostiene que este cronograma propuesto es antitécnico porque no saben las necesidades de financiamiento que pueda tener el país en esos momentos y se desconoce la variación del PIB en esos años.

Augusto de la Torre, miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno, considera que el proyecto reintroduce reglas de responsabilidad fiscal eliminadas en el gobierno de Rafael Correa. Explica que la norma obliga a que haya mayor transparencia en el sector público. (I)