Con activos que llegan a los $ 7.000 millones, el sector cooperativo del país parece vivir un momento de solvencia y estabilidad, cumpliendo con su principal objetivo que es ofrecer servicios financieros a sectores donde la economía tradicional no llega. Así lo cree Juan Carlos Guerra, gerente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur).

Para el especialista, este segmento ha tenido un importante desarrollo en los últimos 10 años, pues durante la etapa poscrisis bancaria, en Ecuador estas instituciones no representaban ni el 1% del sistema financiero, en cambio hoy alcanzan el 21%.

Su penetración en cantones pequeños, comunidades y en general zonas apartadas del país, es su mejor carta de presentación.

“Sostenemos un sector de pequeños ahorristas y familias, realizamos un trabajo importante en poblaciones con menos de 100.000 habitantes”, dijo Juan Carlos Urgilés, gerente de Jardín Azuayo, cooperativa con 380.000 socios ubicada en la provincia de Azuay, al sur del país.

Según el último boletín de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en 2013 un total de 754 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) otorgaron $ 185 millones en créditos comerciales, $ 2.720 millones en consumo, $ 371 millones para vivienda, y $ 2.200, para microempresas.

A criterio de Urgilés lo que consiguen las cooperativas es una inclusión, no necesariamente ligada a un crédito productivo, sino también para cubrir las necesidades de los hogares.

Esto se hace especialmente palpable en zonas rurales. “Hay cooperativas que dan préstamos por $ 40, que quizás para una persona pudiera parecer poco, pero para otras puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, expresó Guerra.

Ente regulador

Bajo el precepto de que el ser humano está por encima del capital, en 2010 entró en vigencia la Ley de Economía Popular y Solidaria, y tras su promulgación, en 2012, se creó la Superintendencia del mismo nombre como máximo regulador de las operaciones del sector cooperativo.

Antes de aquello, recordó Guerra, las instituciones eran reguladas por dos entidades -según su categoría-, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (antes Ministerio de Bienestar Social), y la Superintendencia de Bancos y Seguros (BSB). Las categorías 1, 2 y 3 estaban a cargo del primero, y la 4 -con activos de hasta $ 80 millones-, por el segundo.

Esto fue positivo para el sector, aseguró Guerra, pues la normativa vigente ofreció un mayor respaldo.

De hecho, la estabilidad, a su criterio, tiene que ver con la solvencia y con el manejo de los procedimientos, y aunque el cierre este año de dos cooperativas en Ambato, así como el escándalo por peculado de Coopera y la entrada en liquidación de dos bancos ensombrecieron brevemente el panorama, Guerra aseguró que se trata de casos aislados.

En el primero, 26 mil personas resultaron perjudicadas con cerca de $ 30.000. “Si bien han existido inconvenientes son hechos aislados que de ninguna manera pueden ser interpretados como un problema sistémico”, expresó.

Actualmente las instituciones tienen que cumplir estándares de calidad, con control en estados financieros, activos, y en general un conjunto de temas que están siendo normados.

“Nuestro deber es darles seguimiento para que a su vez la gente siga teniendo confianza”, señaló el gerente de la Ucacsur.

Nuevos mecanismos de control

Por ahora este sector espera que la Asamblea apruebe el proyecto de Código Monetario y Financiero (COMF), a través del cual entrarían en funcionamiento nuevos mecanismos de control para las instituciones.

“Nosotros siempre hemos dicho que mientras exista una norma clara, que nos permita determinar prudencia, transparencia, toda norma es bienvenida. Lo que hemos sugerido es que haya un canal de diálogo con quienes estamos inmersos en esto”, dijo Guerra.

El principal punto está relacionado con los seguros de depósitos.

El documento señala que las COAC del segmento 1, y que ahora serán aquellas que poseen $ 80 millones o más de activos, deberán tener un monto asegurado no inferior a $ 32.000. “Este tiene que ser fijado en función de la segmentación que dé la Junta de Regulación”, señaló Guerra.

Consideró que el hecho de tener este seguro no garantiza la confianza de las personas, pues recordó que se trata de colchón financiero, un recurso de última instancia, y en tal sentido, lo ideal es que en el país se hagan las cosas “tan bien, que ninguna institución tenga que verse obligada a hacer uso de este”.