Las diferencias entre Ecuador e inversionistas extranjeros que han operado en el país, a través de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), han generado tantos litigios como deseos del Gobierno de buscar una salida al poder que tienen estos acuerdos en los tribunales internacionales de arbitraje.

Para el presidente Rafael Correa, las sentencias internacionales producto de tales desacuerdos podrían “quebrar el país” y muchos constituyen un asalto a su soberanía.

Uno de los casos más difundidos es el fallo a favor de la estadounidense Occidental Petroleum Corporation Oxy, por $ 2.300 millones, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (Ciadi), dentro de un pleito por cancelación unilateral de contrato.

Las iniciativas para un mayor control estatal sobre estos acuerdos iniciaron en  2010, cuando la Asamblea anunció la decisión unilateral de finalizar tratados recíprocos de inversiones suscritos con Reino Unido (1994) y con Alemania (1996), tras considerarlos inconstitucionales.

En 2012 Correa instó a los gobiernos de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) a unirse para crear un centro regional para resolver controversias;  y este año,  el planteamiento también tuvo lugar en el proyecto de Código Monetario y Financiero (COMF), que se encuentra en manos del Ejecutivo, una vez aprobado por la Asamblea.

El documento afirma en el apartado 7 del artículo 181: “... los derechos establecidos en cualquier tratado comercial o de protección de inversiones no limitan de ninguna manera el ejercicio de las facultades regulatorias del Estado, la imposición de sanciones y el establecimiento de responsabilidades a las que hace referencia este código, por lo que acepta en todo momento recibir un trato igual al nacional en circunstancias semejantes”.

La Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento argumentó que los tratados reconocen la competencia de los tribunales internacionales, pero no la jurisdicción ecuatoriana.

Una comisión para auditar

Según datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Desarrollo (Senplades), Ecuador ha firmado 30 TBI, de los cuales 27 entraron en vigor. De ellos, 10 ya han sido denunciados y 17 se encuentran en proceso de denuncia.

Como consecuencia, el país ha sido objeto de 25 arbitrajes internacionales y 9 notificaciones de controversia basados en los TBI.

Estos documentos se encuentran bajo el escrutinio de una comisión internacional nombrada por el Gobierno y coordinada por la Senplades, con el objetivo de analizar las condiciones bajo las que se suscribieron los TBI y si guardan coherencia con las leyes. Con miras a decidir una eventual terminación, la comisión estará en funciones hasta finales de este año.

A criterio de Marco Arévalo, especialista en comercio exterior, el análisis de este tema permitiría que Ecuador sea más cauteloso en el momento de suscribir tratados de inversión, pues si se consideran atentatorios  para sus intereses “sería preferible no firmarlos”.

Arévalo recordó que no es deseable dar por terminado unilateralmente un acuerdo.

Para el experto, en los acuerdos internacionales la idea es aunar esfuerzos entre países para financiarse mutuamente y poder cumplir sus objetivos de producción o de cualquier otra índole. “No son malos como tal, son acuerdos de integración y desarrollo”.

“En las negociaciones debe quedar claro lo que se va a firmar, e insisto en el rato que usted lo suscribe ya no es culpa que haya habido una mala negociación”, agregó.

La Constitución ecuatoriana en su artículo 422 establece: “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en lo que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción a instancias de arbitraje internacional”, por lo que para el experto ya existe una norma por encima de lo incorporado en el COMF. 

DATOS

El presidente Rafael Correa envió en 2010 a la Asamblea Nacional un pedido de denuncia del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.   

Según el Gobierno, el TBI era contrario a la Constitución y atentaba a los intereses nacionales, pues buscaba someter a  Ecuador a arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos.

En 2010 la Asamblea Nacional de Ecuador anunció la decisión unilateral de finalizar los tratados recíprocos de inversiones suscritos con Reino Unido en el año 1994 y con Alemania en 1996.

La Constitución en su artículo 422 establece que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción a instancias de arbitraje internacional.