Enmendar la Constitución de Ecuador para que se prohíba la minería metálica (actividad de extracción para obtener un metal, como oro, plata, cobre y otros) en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos es el planteamiento de la sexta pregunta de la consulta popular planteada por el Ejecutivo y actualmente en análisis por la Corte Constitucional.

En un diálogo con EL TELÉGRAFO, el ministro del ramo, Javier Córdova, explicó que esta propuesta busca fundamentalmente la protección de ecosistemas frágiles.

¿Por qué el Gobierno decidió  incluir en la consulta popular una pregunta sobre minería?

Más allá de hacerle una apuesta importante al sector minero porque trae beneficios al país en cuanto a inversión, generación de empleo, encadenamiento productivo, nuevas oportunidades de desarrollo, entendemos que es un tema de preocupación en la ciudadanía de si el desarrollo del sector minero va a impactar negativamente en el tema ambiental y social. Todos reconocen que hay un impacto positivo en el tema económico, pero el tema ambiental es una preocupación.

Pero este tema ya estaba considerado en la Constitución...

Hay áreas frágiles en las que por el tema ambiental no se debe hacer minería. La Constitución actualmente ya establece limitaciones, pero para actividades extractivas. Con esta pregunta no solo se limita la extracción, sino también la minería desde la prospección, la exploración y la explotación.

En la Constitución hay una excepción: Si la Asamblea aprueba realizar actividades extractivas previo la petición del Presidente y por ser declarado un tema de interés nacional se puede dar paso a esto. De aprobarse la pregunta en la consulta popular ya no hay excepciones.

Otro punto que es necesario aclarar es que en la pregunta se incluye la prohibición de hacer minería en todas sus fases, incluso en los centros urbanos. El espíritu de la pregunta es un tema de protección ambiental, por lo que la comercialización, el comprar o vender oro, no está en el alcance de la pregunta.

¿De aprobarse el planteamiento, no serán afectadas las áreas ya concesionadas?

No, porque la misma Constitución actual ya tiene prohibición de concesionar áreas protegidas. Por ejemplo, el proyecto Fruta del Norte no está en un área protegida. Mirador, tampoco. Lo que amplía la pregunta es que en el futuro no se puedan realizar actividades de minería, ni pedir autorización a la Asamblea para desarrollarlas en esas zonas.

¿Esta pregunta no afectaría a las poblaciones que viven de la minería?

No estamos tratando de afectar a un sector de la pequeña minería. En el casco urbano no se puede hacer minería. La aprobación de la pregunta en la Constitución ayudará a planificar el trabajo de los pequeños mineros. Ellos deben estar tranquilos porque la pregunta no terminará con su actividad, sino que la regulará de mejor manera.

¿Cuál ha sido la reacción de los inversionistas?

El incluir la pregunta en la consulta popular sí generó preocupación, pero ahora los inversionistas están tranquilos porque entienden que no se busca detener el desarrollo del sector. Se busca aclarar y sumar lo que ya dice la Constitución. No creo que eso genere un efecto negativo en la inversión que recibimos. (I)

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27 personas fueron detenidas en Zaruma

Transcurridos los 30 primeros días del decreto de estado de excepción por parte del Presidente de la República en Zaruma, (El Oro), afectada por los hundimientos que ponen en peligro la vida de sus habitantes, se realizaron 440 operativos contra la minería ilegal. Como resultado, 27 personas fueron detenidas: 23 por asociación ilícita y cuatro por tenencia ilegal de armas.

Durante el fin de semana, varios equipos realizaron explosiones controladas para obstruir los pasos levantados por la minería ilegal en Zaruma.

Representantes del Ministerio de Interior, Minería, Ambiente y entidades técnicas, evaluaron las acciones ejecutadas en el primer mes de gestión de los entes involucrados en el Comité Interinstitucional, creado por el presidente de la República, Lenín Moreno, para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del área minera de Portovelo, Zaruma.

Las autoridades desarrollaron el análisis técnico de 16 concesiones y se determinó la reapertura de 14; estas no influyen en la zona de exclusión y tienen un plazo de 90 días para regularizar los permisos respectivos.

La directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), Cristina Silva, indicó a este diario que los operativos son constantes tanto en Zaruma como en Portovelo, las poblaciones más afectadas por la minería ilegal. “Los controles se encuentran en lugares estratégicos de las bocaminas más vulnerables”, aseguró la funcionaria. (I)