El Servicio de Rentas Internas (SRI) ya cuenta con un estimado de cuánto le adeuda al Estado el Grupo Noboa por evasión de impuestos, que suma alrededor de 200 millones de dólares, por ejercicio fiscal  desde el año 2006 hasta el 2011.

Carlos Marx Carrasco, director del SRI, anotó que el Grupo Noboa “tiene 114 empresas y siempre ha estado acostumbrado a evadir el pago total de sus impuestos, situación que ya se le tiene auditada”, acotó el funcionario.

Pero la preocupación de ahora, pese a haber ganado el SRI el litigio legal a la empresa Bananera Noboa por el pago del Impuesto a la Renta (IR) del año fiscal 2005, que alcanza los $ 98’261.508,18,  es que Álvaro Noboa ahora diga que la empresa ya no es suya, como forma para evadir esta deuda que mantiene con el Estado.

El Ecuador ya se encuentra blindado ante esta posibilidad, pues la autoridad tributaria ya conoce que Noboa “desde hace rato viene practicando una trampa sospechosa probablemente para evitar el pago de sus haberes”. Esa trampa tendría relación con la venta de las acciones a empresas domiciliadas en paraísos fiscales, pero ocurre que “al final del día existe una persona a la que se le puede identificar por registrarse como la titular o la propietaria de esas empresas, a quien finalmente se le deberá cobrar”.

Por lo que ese blindaje, para evitar la evasión del pago de tributos, está ligado a la  Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, aprobada el martes pasado en la Asamblea Nacional. Pues en el artículo 1 y sus dos incisos tiene que ver precisamente con estos hechos.

De esta manera se autoriza a todas las autoridades del Estado que tengan potestad de coactiva,  que “puedan caerles al cobro de los tributos sobre todos los bienes de los accionistas de este tipo de empresas”.

El titular del SRI recordó que Álvaro Noboa dilató el proceso de cobro del IR de hace 7 años, para tener tiempo de  deshacerse de todos sus activos y en el momento que el SRI llegue a tomar una medida de carácter punitivo, no encuentre nada.

Situación que obligó a la autoridad tributaria a tener listas las acciones jurídicas correspondientes “para que él o los accionistas de la empresa respondan no solamente con el capital o con la aportación de dicha empresa, sino además con el patrimonio, bienes de otras empresas que están vinculadas con ella, cuando se demuestre claramente que ha habido un hecho premeditado para transferir activos”, enfatizó Carlos Marx Carrasco.