A propósito del pedido efectuado a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) para que investigue el funcionamiento de las aseguradoras privadas de salud, Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), comenta sobre algunas características del ‘Proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada’ y sus implicaciones para empresas privadas e instituciones públicas.

¿Por qué podrían requerirse medidas cautelares para proteger a los clientes de las empresas?

Lamentablemente, algunas empresas nos intentan chantajear. A similitud de la estrategia mediática utilizada cuando se aprobó la ley que eliminó la tercerización laboral, ciertas empresas sostienen que tendrán severos problemas y quebrarán.

En aquella ocasión, una sola empresa partió hacia Perú y el resto permaneció en el país. No pasó nada más. Pero el mismo discurso intentan posicionar ahora. La nueva ley es absolutamente clara. Todo ciudadano que tiene un contrato de medicina prepagada tiene derecho a ser atendido en el hospital privado o público que prefiera y que más le convenga (...)

En estos días, algunas empresas amenazaron con incrementar hasta un 50% el valor de las primas de pago. Ventajosamente, de manera unilateral, no podrán hacer eso porque las empresas necesitan la aprobación de la Junta Monetaria y Financiera. Por otro lado, argumentando sucesos de “fuerza mayor”, otra empresa cortó con 30 días de anticipación los contratos corporativos que beneficiaban a algunos ciudadanos.

Su justificación no tiene sentido pues un acontecimiento de “fuerza mayor” podría ser un terremoto u otros eventos similares. ¿De qué fuerza mayor hablan?

En respuesta a acciones como aquellas, presentamos una solicitud a la SCPM para que investigue a las aseguradoras privadas. Durante la investigación -un proceso que podría durar hasta tres años- se pueden generar medidas cautelares para proteger a los clientes de las aseguradoras.

Entonces, ¿cómo entender la preocupación empresarial?

Aparentemente una buena parte de la rentabilidad de las empresas de aseguramiento privado está basada en un subsidio indirecto que, aunque no consta en ninguna ley, el sector público les estaba otorgando a través de sus hospitales. Para explicar lo anterior, cito un caso real.

Un ciudadano contrató un seguro privado que le cubría $ 30.000 en atención médica pero necesitó una operación de trasplante renal que costaba $ 120.000. Esa persona consideró que le tocaría poner $ 90.000 de su propio bolsillo si se atendía utilizando su contrato privado de salud. Por ello, el ciudadano se hizo atender en un hospital público donde no le costó absolutamente nada. El Ministerio de Salud Pública (MSP) cubrió los $ 120.000 y la empresa no pagó absolutamente nada.

En este caso, sin embargo, lo justo hubiese sido que la aseguradora privada cubra los $ 30.000 y los pague al MSP y que el sector público cubra los $ 90.000. Esto es, precisamente, lo que la nueva Ley propone para todas las atenciones médicas.

Esta modalidad implica que cuando una persona se haga atender en el IESS, esta institución le cobrará máximo el monto que cubre su contrato privado de salud. Por ejemplo, si un paciente tiene un contrato privado con una cobertura máxima de $ 5.000, y si la atención médica a ese paciente le cuesta en total $ 20.000, el IESS cubrirá $15.000 y cobrará máximo $ 5.000 por la atención.

Es más, nosotros cubrimos el deducible y los excedentes. El ciudadano no tendrá que pagar absolutamente nada, pero la empresa privada sí deberá pagar lo que le hubiera correspondido hacer por un contrato que el ciudadano ha estado pagando de manera individual.

Las empresas argumentan que les tocará cubrir millones ¿Es así?

Sostienen que van a quebrar porque, supuestamente, les tocará poner $ 70’000.000 anuales de su propio bolsillo. Eso no es así. Esa cifra es lo que le cuesta al IESS atender a aquellas personas que son afiliadas a la seguridad social y que tienen también un seguro privado. Las empresas no tendrán que cubrir $ 70’000.000 pues aquellas solo deberán cubrir el monto máximo contemplado en sus contratos. Nosotros nos hacemos cargo del excedente. Recordemos que las instituciones públicas no tienen fines de lucro.

¿Cuántas personas están afiliadas al IESS y, también, tienen contratos privados?

En Ecuador, de las 900.000 personas que tienen un contrato privado de salud, 400.000 están afiliadas al IESS. Y de este último grupo, 110.000 personas hicieron uso de la seguridad social en 2015. Este uso simultáneo de los servicios públicos y privados tiene una explicación. Normalmente, las personas se hacen atender con el médico privado de su confianza. En la seguridad social, en cambio, quien atiende al paciente es el médico de turno. Nuestras prestaciones de salud son cada vez mejores.

¿Está el IESS quebrado como sostienen algunos políticos?

Si hubiésemos quebrado, no habríamos invertido $ 700 millones en nueva infraestructura ni duplicado el número de médicos. Tampoco depositaríamos, puntual e íntegramente, las pensiones en las cuentas de todos los jubilados.

Esas afirmaciones son parte de una estrategia que se develó en días pasados. El candidato Lasso propuso que los ciudadanos puedan escoger voluntariamente entre la afiliación a la seguridad social y el seguro privado. Eso significaría ‘sálvese quien pueda’ pues el 15% de la población con recursos económicos suficientes optará por un seguro privado y el 85% restante no podrá ser atendido de manera adecuada y no tendrá una pensión jubilar. Lasso olvida que la seguridad social es solidaria.

Deberíamos recordarle que, en la década de los 90, el pueblo le dijo NO a la privatización de la seguridad social. (I)

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