Para hoy está previsto que la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional inicie el debate del proyecto de Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, la cual, de aprobarse por el Ejecutivo entraría en vigencia en los próximos meses, una vez que se publique en el Registro Oficial.

Fausto Cayambe, miembro de la comisión, dijo que no hay cómo “perder tiempo” en el tratamiento de este marco legal, pues incluye demandas de hace 30, 40 y 50 años, en el que está en juego la estabilidad laboral de los trabajadores ecuatorianos, así como la vejez digna de más de 1’500.000 amas de casa.

Recordó que este segmento de la población no solo cuida de la familia, sino que también dinamiza la economía, pues representa el 15% del PIB.

Luego de un primer debate realizado en enero, el informe incorpora algunos cambios para su aplicación, por ejemplo, la eliminación del período de prueba de 15 días para las trabajadoras domésticas, el cual se unifica con el de 90 días del resto de trabajadores. El texto especifica que este período no deberá precarizar las relaciones de trabajo.

También se incluye la injuria como una figura que, si bien ya no está presente en el Código Penal ecuatoriano, los sectores sociales pidieron que se conserve en el campo administrativo.

El informe señala que la inclusión de esta falta responde a la necesidad de sancionar “conductas donde el empleador discrimine a sus trabajadores, ya que tales acciones son prohibidas constitucionalmente”.

El proyecto original contemplaba que en los casos donde se demuestre que el empleador despidió a su trabajador y lo discriminó, la sanción agravada por despido será equivalente a un año de remuneraciones, a más de las ya establecidas.

Este documento establece también que la mensualización de los décimos tercero y cuarto sueldos será opcional para los trabajadores.

Para Cayambe, otro de los temas importantes es la creación de la Comisión de Trabajo y Salarios como un ente que viabilice el diálogo social y que recoja y promueva los acuerdos sobre regulaciones laborales y salarios, entre otros aspectos.

Durante un taller con dirigentes sindicalistas la semana pasada en Guayaquil, el titular de Trabajo, Carlos Marx Carrasco, puso en relieve el tema de la estabilidad laboral planteada desde el inicio. Esta se lograría con la eliminación de los contratos a plazo fijo, de enganche y a prueba.

También se refirió al despido ineficaz para las mujeres embarazadas y los dirigentes sindicales. “Si a algún empresario se le ocurre despedir a un dirigente sindical o a una mujer en condiciones de embarazo, las leyes dicen que este despido es nulo y por lo tanto el empleador tendrá la obligación de devolverle a su trabajo”, apuntó.

Carrasco descartó que esto se convierta en una especie de “blindaje” para los dirigentes, pues “las causales para un visto bueno están allí”.

El proyecto especifica que “el fuero sindical no exime al dirigente de que su proceder pueda merecer una acción de visto bueno y por ello ser separado de forma unilateral de su puesto de trabajo”.

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE), opinó que los planteamientos del Gobierno no garantizan la ansiada estabilidad.

Señaló que en el sector público existe el famoso contrato provisional que dura 2 años y que después pueden despedir al empleado”.

Según Cayambe, al menos 600.000 ecuatorianos trabajan bajo un contrato a plazo fijo. Otro de los temas que incluye la ley es el de las brechas salariales entre los altos ejecutivos y los trabajadores. “En nuestro país un gerente gana 63 veces lo que un trabajador que recibe el básico, y un director de área 50 veces más”.

La ley permitiría limitar los ingresos que percibe la alta gerencia, pero también contempla una sanción para quien quiera pagar más, y es que ese monto no será deducible de Impuesto a la Renta. Para ello, el Ministerio establecerá una escala salarial.

El presidente Rafael Correa indicó que las reformas se dividen en derecho a la estabilidad, equidad, modernización del sistema salarial, democratización y universalización de la seguridad social. (I)

DATOS

Según autoridades el contrato a plazo fijo es caduco, pues hace posible despedir a un trabajador luego de 2 años sin que medie indemnización o razón alguna.

Las utilidades distribuidas a los empleados no podrán exceder de 24 Salarios Básicos Unificados. En caso de que el valor supere el monto señalado, el excedente se usará para prestaciones solidarias del IESS.

La directiva del comité de empresa será elegida mediante votaciones universales, libres y secretas. Podrán intervenir como votantes todos los trabajadores, sindicalizados o no.

En caso de despido por discriminación se propone pagar un año de sueldo adicional a la indemnización. En el caso de personas con discapacidad son 18 meses. (I)