El próximo año empezará con la puesta en vigencia de la Ley de Reactivación Económica, en medio de fuertes críticas provenientes de diversos grupos que no ven en su contenido un impulso al sector productivo.  

Las autoridades la defienden asegurando que protegerá la dolarización e incentivará el crecimiento del sector productivo, especialmente el segmento de las micro y pequeñas empresas (mipymes), así como la economía popular y solidaria (EPS).

El tributarista Napoleón Santamaría observa con preocupación que la ley relega a nivel de reglamento la definición de varios temas importantes como, por ejemplo, los requisitos para ser exportador habitual.

Resulta riesgoso, dijo Santamaría, porque una norma secundaria puede ser modificada a discrecionalidad de la autoridad de turno sin la necesidad de recurrir a la Asamblea Nacional para obtener su aval, lo cual afecta la estabilidad jurídica y previsibilidad a la hora de hacer negocios.

Es una ley de recaudación fiscal, mas no de reactivación económica, comentó el economista Félix Casares, presidente de Betamétrica.

Aplicar la norma en este momento no es adecuado, afirmó Casares, porque subir impuestos generalmente es una medida que se adopta cuando la economía está en expansión.

“Ecuador recién está entrando en esta etapa”, señaló, advirtiendo que elevar la carga impositiva ahora frenará la completa recuperación de la economía.

Uno de esos incrementos son los 3 puntos al impuesto a la renta para las grandes empresas, que pagarán una tarifa de 25%.

Los expertos sugirieron algunas medidas como establecer impuestos y sueldos diferenciados para cada segmento, de acuerdo a su actividad, anotó Casares.

Santamaría retomó la petición de eliminar el pago del anticipo del impuesto a la renta para dar más liquidez a los negocios.

Los medios de pago electrónicos en manos del sistema financiero generaron divisiones al interior de la Asamblea Nacional.

Pabel Muñoz, de la facción correísta de Alianza PAIS, votó en contra y aseguró que existe un “pacto” entre el Gobierno y la banca privada.

Dicha afirmación fue rechazada por Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), quien la considera “simplista y poco seria” porque lo que hace la ley es terminar con el dinero electrónico como moneda.

Se trata de dinamizar los medios digitales que atan la telefonía celular con el dinero que cada usuario posee en su cuenta, explicó Peñaherrera.

Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), dijo a Ecuador TV que no hay tal “entrega” a la banca. Aclaró que una vez concluido el traspaso al sistema financiero, el BCE regulará y supervisará el servicio de las instituciones. (I)