Con la aprobación del Proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, la Junta Bancaria sería la encargada de establecer el monto máximo para las remuneraciones de los administradores y representantes legales de las instituciones bajo su control.

Actualmente el organismo está conformado por el superitendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines; la gerente general del Banco Central del Ecuador, Ruth Arregui; los representantes del Presidente de la República: Vicente Franco y Andrés Martínez; y la economista Melania Mora Witt, quien fue nombrada por los otros cuatro integrantes, pero durante la administración de la ex superintendenta Gloria Sabando.

Entre las funciones de la Junta Bancaria está el “formular la política de control y supervisión del sistema financiero, aprobar las modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y las ponderaciones de los activos de riesgo y pronunciarse sobre el establecimiento y liquidación de las instituciones financieras, así como de la remoción de sus administradores”. También podrán “solicitar al Superintendente de Bancos y Seguros la expedición de una resolución que fuere necesaria”.

El sábado pasado el presidente Rafael Correa denunció que  hay banqueros que ganan   900 mil  dólares anuales (es decir $ 70 mil al mes o 2.000 dólares al día), a lo que calificó como “una forma de hacerles trampa a los trabajadores.

Con los sueldos exageradísimos de ciertos ejecutivos de la banca se perjudica las utilidades, se perjudica al Estado porque pagan menos impuestos y se perjudica a sus trabajadores porque participan menos en la distribución de las utilidades”.

La observación surge a partir de un análisis de las utilidades que percibe la banca, que en los últimos seis años llegó a los 1.644 millones de dólares netos. En ese debate, los empleados de la banca prefieren no pronunciarse públicamente por temor a represalias, mientras que la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que cobija a 17 de las 26 instituciones financieras que operan en el país, aún prepara un pronunciamiento oficial  sobre el tema.

Una colaboradora de Banco Pichincha comentó que para formar parte de la institución es necesario superar un proceso de capacitación durante un mes -que no tiene remuneración- de acuerdo al área  de desempeño. A partir del segundo mes recibió el salario básico estipulado por la institución que bordea los 450 dólares mensuales hasta que logró ascender. Actualmente sus ingresos alcanzan los 900 dólares.

Y frente a la reforma planteada por el Ejecutivo, la funcionaria asegura que existe preocupación entre sus compañeros porque se habla de una reducción de sus utilidades y del riesgo a perder sus empleos.

Una de sus compañeras confirmó que actualmente percibe un sueldo mensual de 450 dólares más un bono de 100 dólares por alimentación, y como beneficio adicional tiene seguro médico privado, uniformes y guardería para su hija. No obstante, según las cifras reveladas el sábado por el Primer Mandatario, un alto ejecutivo de la entidad percibe un ingreso mensual aproximado de 37.000 dólares.

IVA no se cobrará a usuarios

Otra de las reformas planteadas por el proyecto de ley es gravar con el 12% del IVA a los servicios financieros, valor  que estará incluido en el costo de cada operación y no constituirá  un recargo para el usuario. Cabe anotar que es la Junta Bancaria y no cada entidad la que los fija. La última resolución fue emitida el 1 de octubre pasado y reguló 17 servicios hasta fines de este año. 

Es así que el retiro de efectivo de un cajero automático cuesta 50 centavos, de los cuales el banco recibiría 44 centavos por gastos operativos y el Estado 6. La impresión de la consulta de saldo en el cajero automático cuesta 35 centavos, de los cuales 30 irían a la entidad bancaria y 5 al Estado. La emisión de un cheque tiene un costo máximo de 30 centavos, de los cuales 26 quedarían en el banco y 4 irían al Estado. 

El tema salarial para los ejecutivos de la banca y la aplicación del IVA a los servicios financieros son dos de los cinco aspectos que incluye  el proyecto de reformas, con lo cual el Estado estima recaudar 164 millones de dólares para financiar el 54% del incremento del Bono de Desarrollo Humano de 35 a 50 dólares. Para ello se requieren 300 millones de dólares, por lo que el resto lo financiará el Estado mediante una reprogramación fiscal.