Los precios son la piedra angular del nuevo modelo económico de los procesos de cambio en Latinoamérica, ya que son el instrumento que fija qué porción del producto le corresponde a cada grupo social y económico y son los gobiernos los llamados a diseñar ese nuevo modelo para echar abajo la actual lógica de definición de precios.

Eso se desprende del estudio realizado por Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo de Bolivia; Guillermo Oglietti, doctor en Economía; y Luis Salas Rodríguez, magister, director del Centro de Estudio de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

El texto se llama Los precios: un espacio de disputa estratégica en los procesos de cambio, publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano en Geopolítica (Celag).

El estudio recuerda que la lógica neoliberal sostiene que la distribución de la riqueza debe realizarse por el funcionamiento libre del mercado, porque tiene mecanismos que aseguran que los precios se fijen de tal manera que se garantice una distribución eficiente de los recursos de una economía.

Estos mecanismos actúan como una “mano invisible” que aseguran la optimización de la distribución de la riqueza, y se basan en la libre interacción entre oferta y demanda y para que opere adecuadamente no debe intervenir o regular el Estado.

Contrario a esta lógica, el estudio indica que las políticas económicas de los gobiernos progresistas de América Latina han establecido sistemas de regulación de precios, por cuanto la “mano invisible” del mercado ha generado una lógica distributiva inequitativa e injusta.

Agregan los analistas que el libre mercado ha concentrado la propiedad de los bienes generando “una opulencia ya grosera en pequeños sectores de la población, a costa del hambre y la miseria en la gran mayoría”.

Pero hay gobiernos que han implantado mecanismos de regulación “que intentan revertir los resultados perversos del funcionamiento del mercado liberado”.

Regulación de precios

Pero estos gobiernos, indica el informe, deben cambiar la lógica de definición de precios y determinar una metodología con principios distintos para su cálculo.

La forma y método de fijación de precios responde a una visión política, económica y social que expresa el tipo de sociedad que se busca construir; el cálculo de precios no es solo técnico-económico, sino político.

La regulación de precios en algunas economías en Latinoamérica -Bolivia en particular- considera el precio del bien analizado, pero también el de todos los bienes que sirven de materias primas, insumos o maquinaria para la producción.

También debe considerarse a los consumidores y establecer el monto o porcentaje para fijar las ganancias de las inversiones de cada productor, empresario o comerciante, considerando que en la regulación estatal se afectan diferentes grupos económico-sociales cuyos intereses están en confrontación.

América Latina tiene una estructura productiva relativamente poco industrializada y heterogénea y no existen muchas empresas con una integración industrial vertical.

Cada eslabón de la cadena productiva está manejado por diferentes unidades productivas o empresariales y participan diversos sujetos sociales que intervienen en el proceso.

Los analistas toman como ejemplo la venta de productos lácteos, donde el primer eslabón son los ganaderos que producen leche cruda, luego viene la industrialización en manos de empresarios capitalistas o pequeños empresarios, continúan los distribuidores, después los comercializadores y finalmente el consumidor.

Entre cada eslabón hay un intercambio de productos y fijación de precios en el que el vendedor buscará el mayor precio y el comprador procurará adquirirlo al menor costo posible.

Entonces, explican, interviene el poder de negociación: cuando los participantes en un eslabón son pocos y negocian frente a muchos a los que tienen que comprar o vender, hay mayor poder de negociación, pero si son muchos y están dispersos, tienen poco poder. Así, los ricos siempre ganan en las negociaciones y los pobres siempre pierden.

La única manera de que los últimos logren precios más justos es dejar de competir entre ellos, lograr la organización de productores; así hay la posibilidad de una negociación colectiva de precios unificando las voluntades y logrando mayor poder de negociación.

Cuando un gobierno regula precios debe lograr que la “mano invisible” vigente en el mercado deje de funcionar y que esos términos de intercambio inequitativos se modifiquen para lograr precios “justos”.

Para fijar el precio de un bien de consumo final, el gobierno debe trabajar los precios de, por lo menos, los más importantes eslabones de la cadena, lo que requiere un esfuerzo técnico y político y, por tanto, en una primera fase se debieran priorizar solo los bienes de la canasta básica de la población.

El gobierno determinará el margen máximo de ganancia aceptado como legítimo y como “legal” para fijar precios.

Sin esta regulación los precios de los eslabones de la cadena y el precio final de un producto serían un mecanismo de confiscación de recursos a los bolsillos de la población, por productores, empresarios y comerciantes, como ocurre en Venezuela y Argentina.

Hay otros mecanismos de regulación. En Brasil, tras la devaluación de 1999 se creó una Agencia de Seguimiento de Precios para monitorear los precios de productos priorizados, no solo de la canasta básica sino también de precios estratégicos por su influencia en la estructura de costos.

En Argentina se estableció un programa de control de precios que se apoya en el mercado. Se trata de la oferta de una canasta básica de bienes a precios regulados, sobre los que la Secretaría de Comercio Interior (SCI), junto con las empresas, determina precios en función de una regulación de tasa de ganancia.

Otra medida es la oferta estatal de bienes y servicios; la ventaja es que el Estado -incluso como monopolista- no abusa de su poder de mercado y aumenta la competencia con el sector privado.

Los inconvenientes son las críticas sobre la ineficiencia del sector público que suelen ser muy exageradas y se basan en la presunción injustificada sobre la eficiencia de la empresa privada.

La inflación

Las causas de la inflación en América Latina, según el estudio, tienen que ver con condiciones propias de la estructura económica, productiva y social de los países; en algunos casos el insuficiente desarrollo y el pequeño tamaño de algunas economías impide satisfacer internamente la demanda y debe cubrirse con importaciones, lo que genera fuerte dependencia del exterior.

Cuando suben los precios de esos productos en los mercados internacionales, sus efectos no se contrarrestan con un aumento de la producción interna ni con la disminución de la demanda, sino que genera un aumento de los precios.

Por eso, los analistas afirman que existen caminos alternativos que no han sido debidamente explotados. Uno de ellos es la apertura discriminada de sus economías, que permite combinar apuestas estratégicas sectoriales de carácter productivo, con regulaciones a sectores protegidos para que los consumidores no sufran del poder de los monopolios.

Otra opción sería lograr acuerdos comerciales regionales que permitan a los países latinoamericanos crear un gran mercado, que impulse la inversión y fomente la especialización gracias a la participación en cadenas productivas regionales.

Otra causa de la inflación según el pensamiento estructuralista, tiene que ver con el “estrangulamiento” del sector agrario, debido a las estructuras de propiedad y de explotación de la tierra; la producción agrícola es muy inelástica respecto a los precios.

El crecimiento de la población urbana y el aumento de la demanda de productos alimenticios y agrícolas no se traducen en aumentos de producción sino en aumentos de precios.

El tamaño pequeño del mercado agrava el control de los precios por parte de grupos económicos concentrados.

Existe una especie homogénea de clase capitalista transnacional, cuyos vínculos son cada vez más estrechos gracias a sus intereses comunes y a la organización de eventos como el Club Bilderberg y el Foro Económico Mundial, entre otros, que son plataformas de vinculación y facilitan la acción coordinada a escala internacional.

Está integrada también por grandes capitalistas de naciones emergentes y, gracias a las pequeñas dimensiones de nuestros países, la coordinación y vinculación es más fluida, lo que facilita que esta clase capitalista adopte medidas contra los gobiernos progresistas de América Latina.

En esta coyuntura la inflación vía especulación y otras prácticas comerciales se convierte en un camino para la desestabilización política a través de la desestabilización económica.

El proceso que se ha bautizado como “guerra económica” en Venezuela tiene en buena medida que ver con esto.

Así, los gobiernos progresistas empiezan una activa política presupuestaria para reactivar la economía y reducir el desempleo mediante el aumento del poder adquisitivo por mejores salarios, ampliación de derechos sociales y laborales e incremento de las tasas de empleo; ello eleva el consumo.

Los comerciantes y productores también se benefician, pues el aumento del poder adquisitivo genera mayores ventas y ganancias.

Finalmente, 3 son las razones políticas para que un gobierno no regule precios: el nivel del empleo depende la voluntad de los capitalistas; ellos se sienten amenazados por la competencia estatal y la amenaza de desempleo dejaría de ser una limitación de la capacidad reivindicativa del trabajador. (I)