$ 0,45 por retiro de cajero de otras instituciones
Más de 50 servicios de la banca seguirán sin costo
La Junta Bancaria aprobó el 18 de marzo, mediante resolución JB-2014-2825, los servicios sujetos a tarifas máximas para el período trimestral que comprende los meses de abril, mayo y junio de este año, dentro de las cuales las instituciones del sistema financiero podrán cobrar por la prestación efectiva de algunos servicios financieros.
De igual manera se ratificaron las transacciones básicas que por su naturaleza son gratuitas (sin costo para los clientes) de 18 categorías de servicios financieros prestados por las entidades controladas.
Al amparo de esta disposición, los usuarios tienen la posibilidad de concretar más de 50 operaciones sin costo, como la apertura de cuentas, depósitos a cuentas, transferencias dentro de la entidad en la que tengan sus fondos y donde se ratifica la gratuidad en la afiliación y renovación de tarjetas de crédito.
El objetivo es garantizar el acceso de la población a la infraestructura bancaria del país.La resolución también detalla las tarifas máximas para el acceso a los planes de recompensas u otros servicios que ofrecen las tarjetas de crédito, tarifas fijadas anualmente desde la fecha en la que el tarjetahabiente acepte el cobro.
Según la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, el acceso a estos planes por parte de los tarjetahabientes deberá ser voluntario y expreso, y en ningún caso la aceptación de los contratos de apertura de tarjeta de crédito estará condicionada a la aceptación o no del plan de recompensa correspondiente y las prestaciones en el exterior.
Los cobros están en el orden de $2,49 y $ 2,89, por cheques devueltos a nivel nacional y en el extranjero; de $ 0,45 por retiro de cajero automático de otras instituciones bancarias; $ 1,63 por corte impreso de movimientos de cuenta, y $ 8,93 por transferencias recibidas desde el exterior, entre otras transacciones realizadas en el sistema financiero.
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros, la resolución busca garantizar un acceso no discriminatorio de la mayoría de la población a la infraestructura bancaria, en el marco de un trato transparente y equitativo por parte de los proveedores de estos servicios.