El anterior Gobierno habría sobrepasado el límite legal de endeudamiento en 2016. A diciembre de ese año la deuda pública consolidada representó el 52,54% con relación al Producto Interno Bruto (PIB), cuando lo permitido es no rebasar el 40%.

Fueron $ 65.749 millones entre deuda interna y externa, incluyendo recursos de la venta anticipada de petróleo que la administración de ese momento no reconocía como deuda, indicó Pablo Celi, contralor general del Estado subrogante.

Este y otros cinco hallazgos fueron revelados ayer por la Contraloría General del Estado durante la lectura del borrador del informe final  del examen especial realizado al manejo de la deuda pública entre el 1 de enero de 2012 y  24 de mayo de 2017.

En 2016 el cálculo de la deuda consolidada se modificó con el Decreto Ejecutivo 1218 y provocó que el nivel de endeudamiento con relación al PIB cayera a 27,4%, pues se dejó de considerar la deuda con instituciones públicas.

La Contraloría determinó  que por esta maniobra se contrajeron nuevas obligaciones “a pesar de haber superado el 40%” y sin requerir la aprobación de la Asamblea Nacional.

A los pedidos de información de Contraloría, el Ministerio de Finanzas justificó que las preventas no son deuda sino transacciones comerciales y la ley permite a las empresas públicas realizar preventas de sus bienes o servicios.

Sin embargo, la auditoría  discrepa con ese criterio, pues explica que, según documentación pertinente, la venta anticipada de crudo sirvió para inyectar liquidez al Estado.

La comisión auditora mencionó dificultades con el Ministerio de Finanzas para recibir documentación que, entre otras cosas, justificara por qué determinadas operaciones de deuda fueron declaradas como secretas y reservadas, bloqueando todo acceso a la información relativa.

Al respecto, la Contraloría previene que esas transacciones se produjeron al amparo de resoluciones ministeriales, “sin observar las disposiciones previas en cuanto a plazos para hacer pública la información”.

El examen especial también analizó el convenio de crédito suscrito entre Petroecuador y el Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), a través del cual el Gobierno obtuvo financiamiento.   

Celi aclaró que el proceso aún no es concluyente. Las personas auditadas pueden presentar observaciones durante cinco días. (I)

Examen de la Comisión Ciudadana  está casi listo            
Una de las primeras acciones del actual contralor General del Estado, Pablo Celi, fue conformar la Comisión Ciudadana para el examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externas del país, la misma cuyo borrador será entregado en los próximos días, según anunció Pablo Dávalos, quien integra el grupo.

Se trata de un borrador porque se determinarán las responsabilidades y una vez que las personas expongan los argumentos de su participación se hará un informe final.

Junto a Dávalos están Ana Abril, Patricio Alarcón, Roberto Aspiazu, Magdalena Barreiro, Alfredo Corral, Ramiro Crespo, Marcelo Merlo, León Roldós, Eduardo Valencia y Mariana Yépez.

La veeduríafue creada el 8 de enero, en ese momento el Contralor aclaró que el propósito es “observar los procedimientos y la metodología llevada adelante por parte de los equipos técnicos encargados de esta acción de control”.

Asimismo, indicó que “los veedores podrán observar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en un espacio de interlocución e interacción para el perfeccionamiento de la acción de control, mediante el aporte de criterios técnicos, opiniones especializadas y perspectiva analítica”. (I)