Hasta finalizar el primer semestre del año, el Gobierno ecuatoriano revisará la legislación para asegurar que la deuda pública sea definida con precisión y pueda ser medida en base a estándares internacionales.

Este es uno de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder al crédito de $ 4.500 millones.

En la Carta de Intención, firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez; y la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, el régimen se compromete a revertir inmediatamente la creciente relación de la deuda pública frente al Producto Interno Bruto (PIB).

En el corto plazo se planea reducir la deuda por debajo de la meta referencial de 40% del PIB. “Una vez alcanzada dicha meta, esta volverá a constituir el límite legal para el endeudamiento público futuro”, cita la Carta de Intención.

De acuerdo a las previsiones del FMI, publicadas en el Artículo IV, la deuda para 2019, tras los compromisos adquiridos con el multilateral, será el 49,2% del PIB, pero se reduciría a 40,8% en 2022 y 36,6% en 2023.

Otra meta en este pilar es disminuir el déficit primario no petrolero del sector público no financiero al 5% del PIB hasta 2021.
Para reducir esa brecha se llevarán a cabo varias medidas de ajuste, entre ellas, la reducción de la masa salarial. Esto implicará renovar únicamente uno de cada dos contratos que expiren en los sectores no sociales.

Por otra parte, está la armonización de los sueldos de los nuevos empleados públicos con los privados, cuyos niveles son, en promedio, 40% más bajos que en el sector público. También se aplicará una optimización del sistema de subsidios a los combustibles, una reforma del sistema tributario y la reducción del gasto público.

En su análisis, el FMI reconoce que Ecuador ya ha progresado en la reducción del déficit primario no petrolero (incluidos los subsidios al combustible) de 7,6% del PIB en 2016 a 5,3% en 2018.

El ajuste del año pasado fue producto de una reducción en el gasto de capital. La posición fiscal también se benefició de los efectos temporales de una amnistía fiscal (remisión tributaria).

Para Marco Flores, miembro del Foro de Economía y Finanzas, los compromisos adquiridos con el FMI obligan a la aplicación de medidas para reducir el gasto público y aumentar la recaudación fiscal. También significará que los ciudadanos dispongan de menos dinero.

“No es recomendable aplicar una política contractiva en un momento que la economía está en descenso, pues implica agudizar el problema de la pobreza, el desempleo y subempleo”, señaló el experto.

Agregó que el Gobierno debía aplicar políticas de reactivación económica para incentivar el consumo de los hogares que representa el 60% del PIB. (I)