Una nueva auditoría de la Contraloría General del Estado (CGE) al ingreso, registro y utilización de los recursos provenientes de contratos de preventa petrolera revela irregularidades cometidas por el Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, Petroecuador y más entidades relacionadas.

El viernes 22 de marzo se dio lectura al informe borrador, en el cual se analizaron transacciones hechas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, por un monto de $ 7.060 millones correspondientes a cinco contratos de venta anticipada suscritos entre Petroecuador y las empresas Petrotailandia, Unipec y Petrochina.

Las conclusiones sostienen que los ingresos de dinero no fueron contabilizados como parte de la estadística de deuda pública.

Entre los exfuncionarios que habrían incumplido con aquello está el exministro de Economía, Carlos de la Torre, a quien se lo ha señalado por no emitir las directrices correspondientes para que los recursos se incluyan como deuda pública.

La Contraloría no halló sustentos que respalden las decisiones tomadas en torno a qué entidad era la responsable de llevar los registros correctamente, tampoco cómo ni en qué cuentas contables deben constar los recursos.

Para el ente de control los ministros de Finanzas de la época no dieron la normativa ni la base legal que regule los procedimientos.

Varios desembolsos fueron registrados a destiempo, después de que las empresas compraran el crudo. Siete transacciones valoradas en $ 2.372 millones se anotaron en el Banco Central con una diferencia de entre 11 y 138 días.

La justificación presentada por Petroecuador es que en el período de análisis hubo una alta rotación del personal responsable de hacer los registros contables.

Las excusas también mencionan dificultades de esos funcionarios por obtener la documentación relacionada a las operaciones.
El gerente de Comercio Internacional (de Petroecuador) “era celoso de la información de petróleo”, narró uno de los auditores.

Las personas mencionadas en el informe borrador tienen 5 días de plazo para presentar elementos de descargo. (I)