El abogado John Caicedo Fuentes, de la Defensoría del Pueblo-Guayaquil, asegura que “la mayoría de urbanizaciones tiene problemas para entregar las viviendas a sus propietarios”.

Rubén Vicuña y su esposa dieron la entrada de una casa en la urbanización La Joya, en la etapa Platino, “que debía ser entregada en octubre del año pasado, pero por problemas de la constructora, recién pudimos pasarnos en enero de este año”.

“El Municipio de Daule no les había dado un permiso y por eso era la demora”, recuerda Rubén, que agrega que la constructora, ante las quejas, “nos recompensó con unas alícuotas”.

El inconveniente entre Rubén y la constructora no necesitó de intervención de terceras personas, “lo que no siempre sucede”, expresa el funcionario de la Defensoría.

“Cuando se firma un contrato de reservación -de una villa-, una de las cláusulas es el tiempo de entrega al que se comprometen las promotoras”, indica Caicedo, “pero las urbanizaciones se cuidan y establecen varias  cláusulas para protegerse, como por ejemplo que la entrega depende de terceros factores, lo que es ilegal”, manifiesta.

En otras ocasiones, “el interesado no consigue el préstamo hipotecario, y las constructoras pretenden penalizarlos económicamente al momento de la devolución -del dinero- de la entrada, lo que también es ilegal”, pues asegura que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en su artículo 43, de las Cláusulas prohibidas, señala que “son nulas de pleno derecho y no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones contractuales que: Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados; impliquen renuncia a los derechos que esta ley reconoce a los consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio...”.

Cuando se presentan estos inconvenientes, “los afectados pueden acudir a la Defensoría, donde convocamos a una audiencia para buscar soluciones” y en caso de no llegar a acuerdos “se elabora un informe motivado que va a la Intendencia para que realice el trámite de juzgamiento y sanción”.

El abogado insiste en que la mayoría de inconvenientes es por atrasos en la entrega de las casas, pero “también se presentan problemas por daños en la construcción y por la mala calidad de los materiales empleados”.

Cuando se presenta una denuncia de este tipo, “los funcionarios -de la Defensoría- nos trasladamos hasta las urbanizaciones a constatar los daños y convocamos a las partes”, explicó Caicedo, quien asegura “existe predisposición por parte de las urbanizaciones en atender los requerimientos a través de sus departamentos de post-venta”.

Pero como indica el abogado, los afectados no siempre denuncian las irregularidades ante la Defensoría del Pueblo. Pablo, que vive en una de las ciudadelas de la vía Pascuales-La Aurora, señaló “que las paredes de la casa se cuartearon”. Al pedir explicaciones a la constructora, ésta “me explicó que era por el asentamiento final del terreno, por lo que se comprometieron a solucionarme el inconveniente”.

La casa de Rubén también presentó daños a los pocos días que se cambió. “La tubería se dañó y el agua se filtraba por la cocina y uno de los cuartos. La constructora y Amagua solucionaron el problema”, recuerda.

El abogado Caicedo manifiesta que “los afectados tratan de arreglar directamente con las urbanizaciones los problemas”, al tiempo de añadir que “muchas veces utilizan las redes sociales para hacerlo”.

Es el caso de Santiago Villacís, que vía Facebook pide a los representantes de Villa Club “una dirección electrónica para hacerles llegar un reclamo de garantía de la construcción”, recibiendo como respuesta: “estamos prestos a atender sus inquietudes”.

Caicedo señala que son pocos los casos que llegan a la Defensoría. “De lo que va del año, hemos receptado alrededor de 30 denuncias, de las cuales se ha resuelto favorablemente el 85%”, es decir 25 casos.