La presidenta de la Corporación Financiera Nacional (CNF), María Soledad Barrera, descartó un posible conflicto de intereses en el cobro a los deudores de la banca cerrada por parte de la compañìa de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza Recycob.

Lo dijo ayer en la Comisión de Régimen Económico durante el segundo día de tratamiento del proyecto de Ley de Reestructuración de Deudas, el cual busca establecer facilidades de pago para aquellas personas considerados “deudores de buena fe” y que no pudieron cumplir con sus obligaciones al amparo de la Ley de Cierre de la Crisis Bancaria, aprobada en 2014.

Barrera mencionó el tema en respuesta a las inquietudes de varios asambleístas, dado que el paquete accionario de Recycob también está compuesto por accionistas privados. La funcionaria prometió remitir a la Comisión información referente a todos los participantes, toda vez que lo autoricen, conforme lo establecen las leyes.

El 93% de las acciones de la compañía que está operativa desde 2016, en reemplazo al banco Cofiec, le pertenece a la CFN; un 3% corresponde al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y el restante 4% está en manos de 658 accionistas minoritarios, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Compañías.

El proyecto de ley, en su primer artículo, dispone que el Banco Central del Ecuador (BCE) venda a Recycob, en un plazo de 60 días después de aprobada la norma, la cartera de las operaciones crediticias y no crediticias de los procesos derivados de la crisis bancaria de 1999.

La titular de la CFN solicitó que el plazo se extienda a 90 días en vista del volumen de operaciones que debe analizar la compañìa para posteriormente proceder con los cobros correspondientes.

Según el BCE son 3.188 deudores de 31 instituciones cerradas por la crisis financiera, las cuales acumulan más de $ 4.403 millones en 5.412 operaciones.

Al cierre de esta edición, la Comisión esperaba la comparecencia de representantes de los Deudores de Buena Fe. (I)