A día seguido de que la Corte Constitucional restituyera el aporte del Gobierno al Seguro Social, el Frente Nacional de Jubilados solicitó que la sentencia sobre la Ley de Justicia Laboral reconozca los recursos que el Estado no entregó.

Con ello se busca que el  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reciba  los fondos que se dejó de percibir en 2016, 2017 y 2018 porque la ley eliminó la obligación de que el Gobierno financiara el 40% del fondo de pensiones.

El último pago que se hizo fue en 2015 por un monto mayor a $ 1.500 millones. El Frente de Jubilados estima que por los tres años que no se aportó el Estado debe reponer $ 4.400 millones.

Francisco Ortiz, presidente del gremio, comentó que la Ley de Justicia Laboral puso en riesgo la sostenibilidad financiera del IESS. “Si no es retroactivo nos estarían saqueando”, puntualizó.

La sentencia de la Corte ordena incorporar el aporte al Presupuesto General del Estado (PGE), pero no precisa si el Gobierno debe responder por los años que no transfirió los recursos.

Por la coyuntura económica que enfrenta el país, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), duda de que el Gobierno logre conseguir los recursos necesarios para responder desde el próximo año.

Alrededor de $ 1.200 millones es el monto equivalente al 40% del financiamiento estatal.

Alarcón suma otras cuentas pendientes con el IESS  como los $ 7.500 millones  en bonos soberanos y la deuda por más de $2.800 millones que la Contraloría ordenó al Consejo Directivo del IESS restituir en sus balances y cobrar el dinero al Ministerio de Finanzas.

“Esos recursos solo pueden salir del Estado en base a una reestructuración del gasto público”, indicó Alarcón, quien sugiere hacer una auditoría forense al IESS y al Banco del Instituto (Biess).

El político y experto en Seguridad Social, Marco Proaño Maya, felicitó el fallo de la Corte pero advirtió que no solo se debe restituir la obligación del Estado sino que es urgente incluir en la reforma a la ley del sector una disposición que prohíba la aprobación del presupuesto fiscal si no considera el aporte.

“La Constitución dice que el financiamiento de la Seguridad Social es tripartito: asegurados, empleadores y Estado. No era posible que una ley secundaria le quitase al Estado la responsabilidad de contribuir”, expresó Proaño.

Para Juan Carlos Díaz, director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), la Seguridad Social se constituyó en un monopolio público que perjudicó su rendimiento y sostenibilidad.

No tenía sentido, agregó Díaz, que el Estado fuera rector del Instituto si dejó de cumplir con su parte de financiamiento. “El gobierno anterior eliminó el aporte porque no tenía la plata para pagar ni tampoco la intención de hacerlo”, subrayó Díaz.

El otro elemento de la sentencia fue declarar inconstitucional el límite de 24 salarios básicos al pago de utilidades a trabajadores. El excedente se destinó a la afiliación de las amas de casa.

La legisladora Lilian Durán, de la bancada Revolución Ciudadana, dijo que en la Comisión de Trabajadores procesarán la decisión de la Corte. Exigió al Gobierno  explicar cómo va a financiar en adelante el fondo para las amas de casa. (I)

Detalles
Acuerdo derogado
Después de emitida la sentencia el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, derogó el acuerdo ministerial 093 del 22 de mayo de 2017, el cual incluía dentro del cálculo para el límite de pago de utilidades el 5% correspondiente a las cargas familiares.   

45 meses transcurrieron desde que se presentaron las demandas a la ley en 2015.    

La CUT pide garantías
La Central Única de Trabajadores (CUT) exigió al Gobierno y a la Asamblea garantizar las prestaciones del IESS. (I)