El futuro de la investigación sobre las empresas offshore por parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado estaría ahora en manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional. Así lo explicó ayer el presidente de la mesa legislativa, Mauro Andino, previo a aprobar el informe para primer debate del Código Orgánico Administrativo.

El punto que seguía en el debate fue el informe de las empresas offshore, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no concluía. Entre las recomendaciones estaría que el CAL decida si se da a conocer o no en el pleno del Legislativo el tema; que se remita a la Contraloría General del Estado para que se inicien los exámenes o auditorías especiales a las declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios o exfuncionarios públicos “en las que se han encontrado algunas inconsistencias”; y que el Servicio de Rentas Internas (SRI) sea el encargado, “a través de una triangulación de información”, de hacer el trabajo para determinar si los grupos económicos y ciudadanos en general “han cumplido con sus responsabilidades tributarias”.

Este trabajo se da luego de que el 3 de abril pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) filtrara una lista de clientes de Mossack Fonseca, estudio jurídico panameño conocido por crear empresas offshore en los denominados paraísos fiscales.

En la revelación, en un principio, se mencionaron 3 ecuatorianos, entre ellos el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, quien fue llamado a comparecer ante la Comisión de Justicia.

De la misma forma la mesa legislativa recibió al director del SRI, Leonardo Orlando, y al exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien también fue relacionado con firmas domiciliadas en regímenes de baja imposición.

Por su parte, el asambleísta del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Miguel Moreta, calificó el informe de “sutil”, porque no atacaría de fondo los problemas denunciados. A criterio del mencionado legislador, la comisión estaría perdiendo una muy buena oportunidad para elaborar la Ley de Recuperación de Activos o la Ley del Arrepentido como funciona en Brasil para quienes incurren en varios casos de corrupción. (I)