La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero sobre el tema de paraísos fiscales (pacto ético).

Parte de los cambios introducidos al texto original tienen que ver con el ámbito de aplicación. La Comisión precisó que la norma rija para las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidor público.

Los funcionarios estarán prohibidos de poseer bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales. El Servicio de Rentas Internas (SRI) se encargará de emitir la lista de países o jurisdicciones considerados como paraísos fiscales.

Todas las entidades públicas y privadas estarán en la obligación de proporcionar información cuando la Contraloría General del Estado (CGE) lo requiera como parte de una auditoría o examen especial.

La Contraloría también solicitará a la autoridad competente la destitución del servidor público infractor, caso contrario lo podrá hacer la máxima autoridad de la CGE en el término de diez días desde la culminación del proceso respectivo. Además se proponen reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría con el fin de dotar de más herramientas técnicas a la institución.

Además se otorga un período de gracia de un año para que los servidores públicos cumplan con la legislación. El 8 de marzo de 2018 deberán presentar una nueva declaración juramentada.

La ciudadanía aprobó con 55,12% de votos la pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?".

Aún no existe fecha para el debate, sin embargo, los miembros que integran la comisión esperan evacuar el proyecto antes de terminar sus funciones el próximo 24 de mayo. (I)