Los funcionarios públicos que poseían bienes o capitales en países considerados como paraísos fiscales tenían hasta el pasado 6 de marzo para presentar una declaración ante la Contraloría, en la que informen que dejaron de poseer esos recursos.

Cumplido el plazo, el organismo de control detectó 485 declaraciones patrimoniales con bienes o capitales en paraísos fiscales, las cuales fueron presentadas por servidores que estaban en funciones antes del 8 de septiembre de 2017, por lo que la Contraloría les comunicó sobre la obligación de regularizar su situación.

De esa cifra proporcinada por el ente de control, 214 servidores públicos declararon que dejaron de tener esos bienes. Otros 121 casos finalizaron su gestión o renunciaron; 97 fueron errores de digitación del país por parte de los propios declarantes y corrigieron la equivocación.

Sin embargo, 53 funcionarios no regularizaron su situación, por lo que el organismo encargado realiza un seguimiento para adoptar acciones legales.

Adicionalmente se detectaron 11 casos de servidores que se posesionaron luego de la vigencia de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, por lo que la Contraloría inició los exámenes especiales.

Como resultado de este proceso se dictaminó la destitución de siete servidores y se resolvió el archivo de cuatro casos por no evidenciarse la infracción.

La lucha contra la evasión tributaria y los paraísos fiscales fue una de las premisas del anterior gobierno que puso el tema sobre tapete, tanto en el ámbito internacional como en el local.

En ese entonces, Ecuador propuso la creación de un cuerpo intergubernamental en función de luchar contra los paraísos fiscales.

Internamente se realizó una consulta popular en febrero de 2017, en la que el pueblo ecuatoriano aprobó que se establezca como impedimento a funcionarios públicos tener bienes o capitales en paraísos fiscales, por lo que se dio paso a una ley de aplicación del referéndum dando un plazo a los servidores para regular su situación, el cual venció en marzo.

El asambleísta Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, cuestionó que en el actual Gobierno hay un relajamiento en la agenda pública el tema de los paraísos fiscales.

Señaló que la discusión no se enfoca en negar la libertad de los empresarios de colocar sus recursos donde quieran, sino que esa riqueza generada en el país debe cumplir con sus obligaciones tributarias.

Al respecto cuestionó que la Ley de Fomento Productivo implica un relajamiento de la política con relación a los paraísos fiscales.
“En la ley se dice que si una empresa hace un contrato de inversión sobre sectores prioritarios, está avalada para que el 100% de sus utilidades salgan del país sin pagar Impuesto a la Renta ni Impuesto de Salida de Divisas. El mensaje es que no importa que la riqueza generada en el país al final salga del territorio sin cumplir sus obligaciones tributarias”, afirmó Muñoz.

La asambleísta Lourdes Cuesta, del movimiento CREO, cuestionó que la ley sobre paraísos fiscales no fue pensada en beneficio de la colectividad, sino para inhabilitar políticamente a Guilermo Lasso, excandidato a la presidencia, y así impedir que llegue a Carondelet. (I)

Evasión
Opacidad fiscal
El Servicio de Rentas Internas (SRI) considera a 88 jurisdicciones paraísos fiscales, principalmente porque hay nula transparencia y opacidad en la información sobre hechos fiscales, financieros y societarios.

53 funcionarios públicos con bienes en paraísos fiscales aún no han regularizado su situación.

Panamá atrae recursos
Panamá es el paraíso fiscal con mayor presencia de recursos de ecuatorianos (60%), seguido de Barbados (12%). (I)