Después de un estudio actuarial del 2019, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) prendió sus alarmas en dos escenarios.

En primer lugar, si el Estado contribuyera de manera oportuna y legal con el aporte del 40% la reserva del fondo de pensiones estaría concretada hasta 2053.

Si el Estado no lograra hacer esta contribución la reserva, entonces, estaría asegurada solo hasta 2023.

Entre 2015 y 2018 la diferencia de ingresos y egresos produjo que la entidad desinvirtiera algunos valores. Estos ascendían en promedio a $ 1.700 millones.

Sin embargo, la actual administración optó por el correcto manejo de los fondos de los asegurados y jubilados, por lo que esta tendencia se modificó.

David Ruales, subdirector general del IESS, explicó que este año no hubo la necesidad de desinvertir gracias al aporte del 40% del Gobierno y otros ahorros. 

“Esta tendencia, dadas las condiciones, más un manejo eficiente en la institución, permitirá mantener la misma y generar cierta reserva a partir del año 2019 hasta el 2024”, comentó.

Ruales cree que para mantener la sostenibilidad del IESS todos los actores que forman parte de la seguridad social se deben comprometer con la institución.

Entre las soluciones a mediano y largo plazo se planteó que el Estado cumpla con el pago del 40% y que el IESS y su banco (BIESS) manejen de forma eficiente el recurso de los afiliados y continúen con los lineamientos del Acuerdo Nacional por la Seguridad Social.

“A pesar de los esfuerzos hechos en 2019, si no existe el pago del 40% del Estado, existiría una crisis inmediatamente en el fondo de pensiones”, dijo Ruales.

Cabe recordar que por cerca de dos años el Estado dejó de aportar el 40% al fondo de pensiones. Se cambió la forma de distribuir los ingresos que provienen de los jubilados otorgando más recursos al fondo de salud y restando al de pensiones.

En la actualidad hay 3’116.974 afiliados. Para 2058 serán 6’910.686. (I)