Este martes inicia el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, la cual busca prevenir, detectar, sancionar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos.

Según el Informe de la Comisión del Régimen Económico, presidida por Virgilio Hernández (foto), las reformas son necesarias porque falta claridad en la definición e identificación del sector; insuficiente normativa regulatoria para los sectores comunitario y asociativo; lentitud en el registro, catastro y obtención de personería de actores de la EPS.

También el informe advierte dificultades para la obtención de títulos habilitantes necesarios para el desenvolvimiento económico de los actores de la economía popular y solidaria, como el Registro Único de Proveedores, Registro Sanitario y acceso al Régimen Simplificado de Tributación para organizaciones.

A su vez, se indican inconvenientes en el registro y control de las unidades productivas; imprecisiones que generan controversias en torno al régimen legal aplicable al trabajo solidario; y dificultades en la regulación vigente debido a la actividad múltiple y a las diversas modalidades de integración asociativa, propias de las cooperativas y otras organizaciones. (I)