El proyecto minero Vetas Grandes encontró resistencia de un grupo de personas allegadas a grupos políticos de la parroquia Shaglli, en el cantón Santa Isabel, provincia de Azuay.

Personal del Ministerio de Ambiente, el pasado 3 de mayo, fue agredido por varios sujetos cuando intentaron ingresar a la población para socializar el proyecto.

Según la subsecretaria regional de Minas Centro Sur, Zona 6, Liliana Guzmán, la agresión vino de personas que están en contra de la minería a gran escala.

La Subsecretaria se lamentó que el tema de la minería se haya politizado y  rebasado la parte técnica, ya que “no permiten ni siquiera entender o comprender de qué se trata el proyecto”.

El Vetas Grandes se encuentra constituido por las concesiones Shyri NW, con 4.700 hectáreas, y la Shyri Norte, con 1.250 hectáreas, lo que da un total de 5.950 hectáreas para ser exploradas.

El proyecto minero se encuentra ubicado en Shaglli, una de las parroquias más distantes de la provincia del Azuay, que limita con la provincia de El Oro. La empresa canadiense Cornerstone es la encargada del proyecto y tiene una concesión de 400 hectáreas otorgadas por el Estado hace 10 años, para extraer oro, plata y cobre.

Cornerstone, dentro de su concesión, ha culminado su fase de exploración inicial, identificando áreas con potencial geológico minero, siendo su interés únicamente dentro de 400 hectáreas, que representan el 6,7% del área concesionada.

El Ministerio del Ambiente y Cornerstone, en cumplimiento al reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social, establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, así como en los decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales, realizó la convocatoria pública para presentar el borrador del estudio de impacto y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la fase de exploración avanzada del proyecto minero Vetas Grandes.

“Las personas que llegaron a este sitio recién iban a realizar los procesos de información para obtener los permisos”, dijo en Radio Tomebamba, de Cuenca, Federico Auquilla, viceministro de Minas. “Hay indicios de que posiblemente existen minerales, pero para saberlo hay que realizar trabajos de ingeniería y de perforación”, dijo. Según Auquilla, para poner en marcha este proyecto pasarán 5 ó 6 años de estudios.

De su lado Rodrigo Quezada, alcalde de Santa Isabel, involucrado en el problema, manifestó que la oposición a la minería a gran escala se mantiene por parte de ellos, pero negó que hayan agredido a nadie. “La policía intentó agredir y lo que hizo la población es defenderse”, señaló. Quezada pertenece al Movimiento Popular Democrático (MPD).

El gobernador del Azuay, Humberto Cordero, informó que a través del Ministerio de Ambiente ya se realizó el miércoles pasado la denuncia respectiva a la Fiscalía, para que investigue las agresiones de las que fueron objeto funcionarios de esta institución en el cantón Santa Isabel. Cordero señaló que la oposición ha politizado el tema. “Hay que decirlo, lo lidera el MPD, esto es un atentado contra la administración pública”, puntualizó.

Por su parte Abel Arpi, coordinador de los Pueblos, señaló que se estudia la posibilidad de llevar a cabo, más adelante, un referéndum sobre el tema en toda la población para decidir sobre la minería y dijo que no existe intromisión de partidos políticos. “Nos hemos organizado, hemos salido a decir aquí no va la minería porque es una fuente de agua”, acotó.