Nueve funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y cinco del Banco del IESS (Biess) fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional en Quito para procesarlos por la estafa de aproximadamente 1,3 millones de dólares, dijo el presidente del Directorio del organismo, Ramiro González.

Agregó que estos dineros provenían de créditos quirografarios y fondos de reserva que los acusados depositaban en sus cuentas bancarias, por medio de cédulas de identidad falsas.

Las autoridades hasta el momento investigan los vínculos que los funcionarios podrían mantener con terceras personas de fuera de la institución, especialmente dentro del Registro Civil, ya que se falsificaron las cédulas de identidad para obtener las claves de afiliación y hacer las transferencias.

Los trámites se efectuaron en dependencias de provincias en las que aún se emiten cédulas de identidad antiguas, ya que no tienen las seguridades tecnológicas de las actuales. La estafa asciende a 434.000 dólares de las cuentas del Biess y 600.000 del IESS.

La autoridad señaló que el monto equivale a un 0,02% del total de las operaciones de crédito y fondos de reserva que manejan las dos instituciones. No obstante, existen alrededor de 130 personas perjudicadas por la estafa, a las que el sistema de seguridad social ofreció compensar.

González informó que los involucrados manipulaban los sistemas informáticos de ambas entidades para poder enviar el dinero a sus cuentas.

Byron Granda, fiscal provincial de Pichincha, jurisdicción en la que fueron detenidos los 14 implicados, aseveró que el organismo receptó las denuncias el pasado marzo y que inmediatamente comenzaron las investigaciones solicitadas por ambas instituciones que prestan servicios de seguridad social.

A partir de allí, señaló, se iniciaron las visitas y las audiencias con los trabajadores del IESS y del Biess, para determinar a los funcionarios sospechosos. El proceso fiscal, en el que se encuentran los involucrados  en la estafa, durará 90 días, período en el que  continuarán  las investigaciones para determinar el grado de culpabilidad, afirmó Granda.

Por otra parte, las entidades firmaron un convenio con el Registro Civil, mediante el cual el organismo de cedulación se comprometió a emitir informes sobre las partidas de defunción, ya que de la ausencia de estos documentos se valieron los implicados en el delito para retirar los fondos correspondientes a pensiones jubilares de personas fallecidas.