La Contraloría General del Estado (CGE) emitió dos glosas por más de $ 34 millones en un examen especial a la Empresa Pública Tame EP, efectuado entre noviembre de 2011 y enero de 2014.

Según el documento, mediante la Resolución 13297 del 19 de febrero de 2018, se ratificó la responsabilidad civil por el valor de $15’087.861,48 en contra de Rafael  Farías Pontón, Fernando Guerrero López, gerentes generales; María de los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas; Freddy Ehlers Zurita, ministro de Turismo; y Pabel Muñoz, subsecretario general de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Ellos se desempeñaban como miembros del Directorio de la Empresa Pública Tame EP.  

El valor corresponde al arrendamiento del Airbus A330 para la ruta Nueva York sin previamente establecer políticas empresariales y comerciales para operar la aeronave ni evaluar su cumplimiento. “Omisiones que repercutieron para que se presente una pérdida estimada en dicha ruta por el valor de la glosa, ocasionando perjuicio económico al Estado”, según la Contraloría.

La segunda glosa se desprende de la Resolución 13296, con la misma fecha, por $ 19’001.862, por la operación de aeronaves arrendadas, sin que existiera una evaluación técnica de las operaciones para cumplir con rutas sustentables.

Adicionalmente, el organismo de control emitió dos resoluciones por responsabilidades civiles culposas por $ 111,1 millones en contra de  Duarte, Boris Córdova González, viceministro de Infraestructura de Transporte; y,  Panavial S.A. por la construcción de la Ruta Collas que se dirige al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.  

Según la Contraloría, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en 2011 contrató la ejecución de una vía de 11 kilómetros de largo por una inversión de $ 110 millones. No obstante, en marzo de 2013, Duarte y Panavial  extendieron el contrato con lo que la inversión ascendió a $ 195,3 millones.

Ante esta noticia, el ahora asambleísta Pabel Muñoz dijo que no recibió ninguna notificación de la CGE y manifestó que “es una forma de acallar las voces que son distintas y elementos de persecución”.

Argumentó su postura con cuatro puntos. En primer lugar, indicó que la legislación pertinente establece claras responsabilidades y marcos de acción entre los miembros de los directorios y las administraciones de las empresas públicas. Indicó que la responsabilidad recae sobre las administraciones de las empresas públicas ya que los miembros de los directorios dan directrices y lineamientos generales.

Sobre la falta de políticas públicas que sostiene la CGE, Muñoz indicó que como subsecretario de Senplades “me competía velar por al menos tres políticas: el aumento del turismo, la conexión regional entre los países de América Latina y permitir vínculos directos y rápidos entre el país y los migrantes ecuatorianos que se encuentran en distintas partes del mundo”.

En cuanto a la aprobación de la ruta Quito-Nueva York, dijo que dicha acción le corresponde al Consejo Nacional de Aviación Civil y mostró el estudio técnico que la aerolínea habría presentado al ente para solicitar la aprobación de la ruta.  

Finalmente cuestionó: “si esa ruta genera pérdidas “¿por qué Tame sigue operando esa ruta?”. (I)

Proyecto
Contratos con Panavial
Una ampliación del contrato entre el Ministerio de Transporte y la compañía Panavial S.A. por la construcción de la Ruta Collas incluyó los cambios técnicos que incrementaron el costo del proyecto en perjuicio del Estado, según la Contraloría.
 
19 millones es la glosa por operación de aeronaves  arrendadas, sin evaluación técnica.

Falta de estudio comercial
El informe determinó que el  arrendamiento del Airbus A330 de la ruta Nueva York se dio sin justificación. (I)