En medio de opiniones a favor y en contra de las medidas económicas, este miércoles 22 de agosto representantes del Gobierno dieron una rueda de prensa en la que aseguraron que las decisiones conducirán a configurar un aparato estatal eficiente y alcanzar el equilibrio de la economía.

Para lo primero se eliminarán o fusionarán instituciones públicas de acuerdo a las prioridades del gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, y manteniendo competencias sin alterar la prestación de servicios.

Hasta el momento el gobierno ha suprimido 13 instituciones y en adelante se eliminarán otras 20 entre ministerios, agencias y empresas públicas.

Reducir el tamaño del Estado ha sido una observación constante por parte de analistas, pues en los últimos diez años creció con rapidez y para mantenerlo se requiere de gran cantidad de recursos que se destinan principalmente a gasto corriente.

Entre los años 2000 y 2006 el gasto del sector público consolidado con relación al Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un promedio anual del 21%, mientras que de 2007 a 2017 fue del 38,6%.

De igual manera, en la década pasada el gasto corriente llegó a ocupar el 70% dentro del gasto público frente al 30% del gasto de capital. Ello ha llevado a que la situación fiscal sea extremadamente compleja, producto de un desorden muy alto en el gasto público, indicó Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas.

El problema, agregó Martínez, es que se pone en riesgo el sostenimiento a futuro del gasto de inversión, salud y educación. Se prevé que las medidas generen un ahorro de $ 1.000 millones al año. Esos recursos permitirán cubrir obligaciones como los $1.500 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La nueva estructura institucional comprenderá 20 ministerios. El gobierno anterior tuvo 40. Para ello, se ejecutará un proceso que consiste en analizar las normativas vigentes, emitir decretos ejecutivos, y elaborar la matriz de competencias, la asignación presupuestaria y los estatutos.

José Agusto Briones, secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, mencionó que alrededor de 900 personas serán desvinculadas del Estado debido a la optimización de las entidades.

Pero Eduardo Jurado, secretario de la Presidencia, agregó que en las empresas públicas aproximadamente 1.500 funcionarios serán removidos, principalmente por duplicidad de funciones.

El recorte de personal no es reciente. Por disposición del Ministerio de Trabajo se revisaron los contratos ocasionales que ya cumplieron su ciclo. Por esta vía se ha separado a 42.000 hasta mayo de 2018, indicó Agusto.

A criterio de Santiago García, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, las medidas económicas son adecuadas para el contexto actual y, lejos de lo que consideran otros expertos, no allanan el camino para el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

Si el gobierno disminuye su presencia como motor de la economía es para que el sector privado actúe, tome la posta, invierta y evite que el país caiga en recesión, opinó García, quien además destacó los créditos a la producción.

El plan es conceder $ 800 millones en financiamiento al sector de la construcción y la vivienda, $ 200 millones al agro y $ 235 millones a mipymes y economía popular y solidaria.

Para la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador el ajuste fiscal “es positivo y necesario”, pero se requiere trabajar en mejorar la competitividad nacional.

En ese sentido, los empresarios estiman que aún persisten impuestos “nocivos para los negocios” como el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. Además piden revisar las condiciones para la contratación laboral con mayor adaptabilidad.   

Pero no todos los sectores están de acuerdo. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocaron a una marcha en Quito que se realizará hoy desde las 16:00.

La FEUE sostiene que las medidas adoptadas, más la Ley de Fomento Productivo, reflejan los direccionamientos de organismos internacionales y benefician a las grandes empresas.

Aunque se reconoce que el gobierno anterior estableció un aparato estatal “obeso”, los estudiantes sugieren tomar acciones sobre los sueldos que reciben altos funcionarios y que la optimización de las instituciones se base en la utilidad que brindan.

José Villavicencio, presidente del FUT, dijo que las decisiones del Ejecutivo son contradictorias, pues por un lado se condonan intereses y multas a empresarios, mientras por otro se elimina el subsidio a la gasolina súper y posteriormente se convoca a un diálogo nacional para focalizar las subvenciones.

El dirigente cuestionó que miles de servidores públicos tengan que ser separados, lo cual aumentará el nivel de desempleo.

Frente a los anuncios del gobierno el FUT propone que la gente sea reubicada, cobrar intereses, multas y recargos a los grupos económicos, ajustar el impuesto a la renta, terminar con la intermediación petrolera, recuperar el dinero de la corrupción y renegociar los contratos con las empresas de telefonía celular.

Las organizaciones marcharán desde la Caja del Seguro Social hasta la Plaza Grande. Posteriormente se anunciarán nuevas movilizaciones a nivel nacional. (I)