Decenas de exempleados de la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) reclaman a la compañía el pago de las utilidades que debieron hacerles entre 2003 y 2006.    

Por este motivo iniciaron procesos legales individuales alrededor de 50 personas, cuyas audiencias orales en las unidades judiciales del trabajo de Pichincha empezarán desde hoy martes.

Los trabajadores, que salieron de la empresa en diferentes circunstancias, señalaron a EL TELÉGRAFO que fueron engañados ya que en el tiempo que laboraron  les indicaron que no habían utilidades por pérdidas, “pero cuando verificamos que el Servicio de Rentas Internas (SRI) en los juicios que siguió a la OCP para recuperar los  impuestos no pagados, calculó que existía un 16% que correspondía a los empleados, decidimos hacer el reclamo”, señaló Verónica Fleicher, quien trabajó en el Departamento de Comunicación de 2005 a 2007.

Fleicher señaló que se reunieron los que se sienten perjudicados e iniciaron las diligencias legales hace aproximadamente 3 meses. Incluso,  acudieron a conversar con el gerente de la OCP, Andrés Mendizábal, quien les indicó que siguieran con el reclamo por la vía legal.

Así mismo, indicaron que 300 trabajadores aproximadamente tendrían derecho a las utilidades. Pero no todos se han enterado de que hay esta deuda “por eso buscamos ubicar a todos, para que puedan ejercer su derecho”, dijo.

El SRI, a través de un oficio enviado a la directora regional del trabajo, María Belén Noboa, señaló que de los “datos resultantes de los procedimientos de determinación del impuesto a la renta de los periodos 2003 y 2006 del contribuyente Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A., titular del RUC No 1791765362001, por variación del 15% de participación a los trabajadores que gozan de firmeza y ejecutoriedad, se desglosan como participación de trabajadores (determinados por el Servicio de Rentas Internas) $ 12’799.381,93”.

El abogado Ángel Garzón, quien patrocina a 30 exempleados afectados, indicó que la empresa  siempre les dijo a los trabajadores que no había utilidades en esos años, pero como el SRI determinó que existió un impuesto a la renta generado por la  empresa y según el artículo 104 del Código de Trabajo (que establece que la autoridad dispondrá el pago del monto de utilidades a favor de los empleados), “se vieron obligados a presentar la demanda”.

Otro de los demandantes, quien laboró como supervisor de transporte en 2006 pero que pidió no ser citado, comentó que el oleoducto construido por la empresa estaba en capacidad de transportar 460 mil barriles de petróleo diarios, pero operaba con el 30% de capacidad; es decir, transportaba unos 150 mil barriles, pero cobraba como si transportara el 100%: “Esta diferencia era ganancia”, reveló.

EL TELÉGRAFO publicó que en 2009 el presidente Rafael Correa denunció, durante el enlace ciudadano Nº 128, que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 969 en el gobierno de Gustavo Noboa,  autorizó la construcción y operación del oleoducto de crudos pesados a la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Limited, con domicilio en las Islas Caimán. Dicha empresa estaba compuesta por: Andes Petroleum, Repsol YPF, Petrobras, Perenco y Occidental, empresas que ya operaban en el país bajo el nombre de OCP Ecuador.

Correa explicó en aquella ocasión que las petroleras que estaban trabajando en el Ecuador y no podían sacar su petróleo, hicieron una compañía en un paraíso fiscal y con dicha firma construyeron un oleoducto.  

En un inicio, el proyecto costaba $ 500 millones, capital financiado en un 70% sobre la base de un préstamo internacional y 30% con aporte de accionistas, pero 3 años más tarde el costo subió a $ 1.474 millones que provendrían un 63% de terceros y un 37% de capital propio. Sin embargo, los accionistas no llegaron a entregar el 37%, sino tan solo el 4% ($ 55 millones) y el restante (33%) lo convirtieron en una deuda subordinada de $ 465 millones con un interés de entre 18% y 21%, que les concedió la matriz de las Islas Caimán: “Con esta operación -dijo entonces Correa- se castigan utilidades, salen gastos en intereses grandísimos y con eso no se paga impuestos”.

Ante esa situación, en 2013, el entonces director de SRI, Carlos Marx Carrasco, presentó varias demandas en contra de la OCP por evasión de impuestos, una de ellas referida a la presunta subcapitalización y simulación de crédito con lo cual se habría evadido tributos por $17,7 millones.

El Servicio de Rentas Internas determinó que  la OCP tiene una deuda fija con el Estado de $ 71 millones por evasión fiscal, en base a 3 sentencias que ha ganado.
Además hasta 2009 existían glosas similares que se ventilaban en las cortes por $ 252 millones. (I)