Subsidios totales, parciales y tasas de interés preferenciales para créditos hipotecarios, son varios de los incentivos que establece el Reglamento para la Construcción de Viviendas de Interés Social (VIS), expedido por el régimen el 25 de febrero.

Uno de los aspectos claves de este documento es la extensión para los techos de compra de VIS de hasta $ 69.998 (177,66 salarios básicos unificados), además de los incentivos para la adquisición de los inmuebles.

El reglamento establece tres segmentos para este tipo de viviendas. Por un lado se encuentran los inmuebles para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, los cuales serán totalmente subsidiados por el Estado.

En otro segmento se encuentran aquellas casas que tienen un subsidio parcial del Estado bajo dos modalidades. La primera es un arrendamiento con opción de compra de casas de hasta $ 22.678.

Otra modalidad es la casa desde $ 22.678 hasta $ 39.998 bajo la modalidad de crédito hipotecario. Se establece un subsidio inicial del Estado de $ 6.000 y tasas de interés preferencial con un plazo de 25 años.

Las tasas de interés preferencial deberán ser fijadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

El documento suscrito por el presidente Lenín Moreno señala que dentro de un plazo de 60 días, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) adecuará y emitirá la normativa para la selección de beneficiarios, sobre la base del registro social.

En el mismo plazo, la cartera de Estado deberá emitir la normativa para la aplicación de los subsidios.

Los incentivos en proyectos de vivienda consideran $ 6.000 para  ampliaciones y adecuaciones que requieren crecimiento de superficie y reforzamiento estructural.

Mientras que para obras de agua y saneamiento ambiental, destinadas para implementar dotación de agua potable, alcantarillado y electricidad, el Estado otorgará $ 1.500.

Para casos excepcionales, se puede entregar un valor de hasta $ 600 para trámites y procesos titulación. Si por desastres naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor se requiere la construcción o reconstrucción de viviendas recuperables, se han establecido montos de $ 7.000 a $ 15.000.

Este reglamento fue emitido en el marco de la Ley de Fomento Productivo en el cual se estableció como incentivos el 0% del IVA para las empresas que construyan VIS, además de la devolución de este impuesto por adquisición de locales, de bienes y servicios.

La normativa también plantea un procedimiento administrativo simplificado para la construcción de estos inmuebles.

Para Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción, con el reglamento expedido por el régimen se establecen los mecanismos de aplicación de la ley, lo que permitirá continuar con la construcción de viviendas enmarcadas en el Plan Casa para Todos.

“Es positivo porque le da a los inmobiliarios los lineamientos para la construcción y financiamientos, y al ciudadano le ofrece la posibilidad de conseguir vivienda en mejores condiciones”, señaló el dirigente.

El reglamento también establece lineamientos para las viviendas de interés público destinadas para núcleos familiares de ingresos medios, con acceso al sistema financiero y que con el apoyo del Estado pueden alcanzar la capacidad de pago requerida.

El rango de precios de la vivienda va desde $ 69.998 hasta $ 111.273.

Para Durán, tanto la construcción de VIS y de VIP dan dinamismo al sector que ha tenido una lenta recuperación en los últimos años. Por ello reiteró que el Gobierno debe continuar apoyándolo, pues es un gran generador de mano de obra.

Sin embargo, Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda de Ecuador, es más crítico respecto al reglamento y señala dos puntos que preocupan al sector.

El primero tiene que ver con el exceso de tramitología, además de normativa y exigencia técnica para la calificación de los proyectos.

Por otra parte, el dirigente cuestiona que no se garantiza un proceso transitorio para los proyectos que se realizaron con base en los intereses del régimen respecto a este tipo de viviendas, y que fueron hechos públicos meses atrás.

“La normativa cambia las reglas para definir la vivienda de interés social y sus precios, dejando en el limbo a proyectos en marcha”. (I)