"El escenario mundial ha cambiado mucho y las inversiones difícilmente se van a concretar no solo en el Ecuador, sino a lo largo del mundo", indicó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, al justificar las decisiones enmarcadas en la Ley de Apoyo Humanitario.

"Es por eso que se necesitan estas decisiones para reducir el tamaño del déficit previsto para este año, para tener metas alcanzables de financiamiento", añadió la noche del miércoles 20 de mayo del 2020, en el programa ‘Ecuador al Futuro’, transmitido por EcuadorTV.

El ministro describió la caída de ingresos que ha recibido el Ecuador como "brutal, nunca antes vista", lo que afecta a la capacidad de seguir refinanciando muchas cosas desde el Estado. "Y debido a la pandemia se debe ser más eficientes en el uso de los recursos".

Mencionó así que el total de ingresos previstos para este año que estaban en alrededor de $ 22 mil millones, la estimación inicial es que se reducen en $ 8 mil millones.

En ingresos petroleros más bajos solamente $ 520 millones de 3.200 que se esperaba recaudar. Mientras en ingresos tributarios se tiene previsto una contracción de cerca de $ 2.500 a $ 2.700 millones.

El mes pasado el ingreso de IVA cayó en un 41%, en sectores como el turismo el 70%, lo que tiene un efecto en el empleo y en los recursos que tiene el Estado para operar, aseguró el ministro.

Y el otro gran rubro donde cae los ingresos, añadió Martínez, está relacionado con la monetización de los activos. Los ingresos fruto del traslado de varios activos del Estado al sector privado.

El funcionario explicó que las decisiones tienen que implementarse, considerando el balance que se debe hacer como
sociedad y también en la expectativa de potencial recuperación en las próximas semanas. "El precio del petróleo empieza a estabilizarse y los ingresos tributarios en la media que se reabra la economía empezarán a recuperarse".

Por el momento no están previstas decisiones adicionales, se seguirán trabajando en procesos de más eficiencia dentro del Estado, dijo Martínez. Donde existen cargos que no generan un valor agregado para la ciudadanía no podrán ser
renovados esos contratos ocasionales, priorizando la salud, educación, Fuerzas Armadas, Policía, inclusión económica y social; áreas áreas operativas que permitan mantener operativo al Estado, además de los ministerios como de Producción, Turismo.

"Las decisiones que hemos tomado no son sencillas, pero las hemos tomado con toda responsabilidad para garantizar el derecho de los trabajadores y evitar que existan abusos", destacó el ministro.

Sobre el caso de TAME dijo que hay rutas que son importantes para garantizar la movilidad a ciertos lugares, eso se trabaja con el Ministerio de Transporte para evitar afectaciones en la movilidad de los ciudadanos.

En los otros casos, ya el Ministerio rector se encargará de emitir la política de liquidación y de transición, en los casos que corresponda.

El funcionario explicó que muchas empresas se crearon con la intención de brindar un servicio público, cuando eso le
corresponde a los ministerios. "La empresa tiene que ser un instrumento de eficiencia pero no puede reemplazar la política pública. Cuando hay esta distorsión de por medio se empiezan a gastar muchos más recursos de los que se genera".

Apuntó que en todos los casos se deberá cumplir con la garantía de los derechos de los trabajadores que serán desvinculados. "No queremos afectar a los derechos bajo ningún concepto, pero conceptualmente se debe cambiar la lógica de que el Estado es el empleador. El Estado garantiza derechos y provee servicios a los ciudadanos, dentro de eso, se contrata personas para garantizar ese servicio".

El funcionario precisó que hay un presupuesto establecido para liquidar esas desvinculaciones que lo tiene el Ministerio
de Trabajo. "Este presupuesto se va devengando en función de los procesos de optimización que hagan las entidades".

Sobre el programa Reactívate Ecuador, Martínez explicó que tiene inicialmente $ 1 150 millones. Tiene dos componentes: privado con $ 300 millones de la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos, que son fruto de las buenas relaciones y la visita del Presidente a Estados Unidos. Por otro lado, $ 800 millones, de los cuales $ 500 millones que van al fideicomiso público que se activa el lunes 25 de mayo; $93 millones del BID para la Corporación de Finanzas Populares (Conafips) y $260 millones en un crédito entre el Banco Mundial y la CFN.

 Se entregan los créditos con 36 meses plazo, seis de gracia y tasa preferencia que no superará el 5%. A microempresas se entregarán entre $ 500 y $ 30 mil; pequeñas hasta $ 300 mil y medianas hasta $ 500 mil.

En el programa, Iván Ontaneda, ministro de Producción, explicó que dentro de las medidas que se han implementado consta una reapertura productiva con protocolos de bioseguridad que ha sido armados por los propios sectores productivos, los GAD cantonales y los semáforos que han sido eficientes.

Se ha anunciado la inyección de $ 1.150 millones que mejoren la liquidez de todas las empresas, principalmente de todos los sectores vulnerables: micro y pequeñas empresas, a través de todos los créditos que estarán siendo efectivos a partir del lunes 25 de mayo de la banca pública y de la banca privada.

También mencionó la campaña Juntos Ecuador que protege el consumo local e incentiva la solidaridad de los ecuatorianos para consumir lo nuestro.

Ontaneda relató que en una visita el miércoles a una empresa textilera en Cuenca el dueño le explicó que pudo sentarse con sus 50 empleados para discutir sobre reducción de la jornada laboral.  "Por eso es importante que se lleguen a acuerdos mínimos. Son una herramienta fundamental para sostener el empleo y las empresas", destacó.

Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, destacó que el proyecto de ley ha tenido un proceso bastante democrático. Destacó que el Ejecutivo haya decidido eliminar la parte de las contribuciones. 

Pero la problemática, dijo, viene en torno a la liquidez. El propio SRI registra $3.172 millones en marzo, donde se trabajó apenas 15 días, son $ 227 millones al día. "Esa era la preocupación del empresario que siempre ha pagado sus tributos, inclusive contribuciones hasta el mes de marzo, pero con esta caída es imposible cumplir con esa obligación".

Con respecto a los acuerdos, Costa explicó que deben de tratarse de forma individual porque la realidad de cada trabajador es distinta, inclusive dentro de cada empresa, hay diferencias en cada área.

Según cifras oficiales, más de 100.000 personas han sido desvinculadas de sus trabajos, pero hay estudios del BID que estiman que en el Ecuador pueden perderse 137.000 plazas de trabajo como consecuencia de la pandemia, recalcó.

"Si caemos en una recesión, que es lo que estamos tratando de evitar, se podría registrar hasta 460.000 pérdidas de plazas de trabajo. Por eso mantenemos diálogos constantes con las autoridades de todas las funciones del Estado para que las empresas sean quienes nos ayuden a salir de la crisis y priorizar las plazas de trabajo", manifestó Costa.

"Definitivamente ha sido la peor crisis que hayamos sufrido en el sector empresarial", indicó la experta. No obstante, subrayó que el sector productivo es la pieza fundamental para salir de esta crisis, "somos creativos recursivos y responsables. Estamos listos".

Para ello las empresas se están reinventando, "sabemos que las prioridades de nuestros clientes en el consumo son diferentes. Estamos cambiando los productos, las formas de distribuir, la ayuda que se genera en esa interacción con el consumidor y todo eso está sucediendo a la vez que estamos tratando de recuperar esa dinámica y esas ventas que
han sido golpeadas durante este periodo", añadió. (I)