El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinosa, solicitó a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) colaboración para elaborar un informe actuarial completo sobre la situación financiera de la entidad.

Espinosa atendió ayer a cuatro medios de comunicación, incluido EL TELÉGRAFO, y explicó que ese día recibiría la respuesta del organismo para iniciar la evaluación en la que también se incluirá a una universidad, aunque aún no se define cuál. Dijo que el trabajo podría comenzar la próxima semana.

La petición se da a propósito de la nota técnica elaborada por la Organización -difundida la semana pasada por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ)-, donde se exponen observaciones críticas a la sostenibilidad del IESS con base a información proporcionada por el Frente Único de Trabajadores (FUT), Unión Nacional de Educadores (UNE) y organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Con documentos en mano, Espinosa empezó exponiendo que los datos proporcionados están incompletos.

La propia nota técnica, que además es preliminar, resalta que se “ignora” si existe información adicional relevante, por tanto subraya que se debe “proceder con cautela”.

Basada en esto, la OIT apunta una serie de observaciones e inconsistencias sobre el informe actuarial elaborado por la firma Volrisk, con el que en 2015 se sustentó el cambio de las tasas de contribución de los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, Seguro de Riesgos de Trabajo, y Seguro de Salud Individual y Familiar.

Se lo hizo con el fin de dar solución al déficit en el Fondo de Salud, dijo Espinosa, afirmando que no se tomaron recursos de otros fondos, sino que se reformuló el porcentaje asignado a cada rubro, amparados en la Ley de Seguridad Social.

Aseguró que solo se puso en conocimiento del organismo internacional una parte del estudio de Volrisk, pero que se dejaron al margen  otros 7 documentos con análisis a mediano y largo plazo.

Considera que se manipuló a la OIT, “sin que esta haya estado consciente de aquello”, mencionó.

Los estudios adicionales que no fueron entregados, añade, en resumen dicen que “la sostenibilidad del IESS es indefinida”.

Es cierto que el informe actuarial de Volrisk, de acuerdo a sus proyecciones, señala años específicos en donde cada uno de los fondos terminaría. De hecho, anota que según la información recibida para el año 2020 no existirían recursos en el Fondo de Salud.

Pero el titular de la entidad sustenta que “así funcionan todos” los sistemas de seguridad social en el mundo cuando se realizan estudios actuariales.

Y que para evitar el colapso, con años de anticipación a que la curva llegue a su nivel más bajo, se empiezan a tomar acciones administrativas o legales que extienden la sostenibilidad otros 4 años más.

“¿Saben cuándo se va a acabar la Seguridad Social en Ecuador? No es en el 2020, como han anunciado. Nunca se va acabar la Seguridad Social en Ecuador”, sentenció.

Espinosa mencionó que ya se están adoptando medidas al respecto, empezando por el diálogo nacional con el que se está estructurando la nueva Ley de Seguridad Social.

“Abrimos nuestros libros, vamos viendo uno por uno. Aquí no hay nada qué esconder”.

Adicionalmente, se hizo un cambio al cálculo de pago de pensiones con el fin de corregir y evitar abusos por parte de algunos afiliados que previo a jubilarse modificaron los montos de aportación.

En la actualidad, indicó, el Fondo de Salud registra un superávit de $ 500 millones; el Fondo de Pensiones, que tendría déficit actuarial futuro, a partir de 2020 recibirá más recursos de los que recibía en 2015. “Con eso se evita que el Fondo de Pensiones se perjudique”.

Está convencido de que detrás de las expresiones sobre el estado actual del Instituto existen intereses económicos, como los de la Cámara de Comercio y otros sectores, porque con la edificación de nuevos hospitales y centros médicos las derivaciones de pacientes desde la Seguridad Social a clínicas u hospitales privados han disminuido.

En ese sentido, reprochó la actuación de Felipe Pezo, representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IESS, a quien entre otras cosas acusa de filtrar información reservada e incompleta.  Es así que Espinosa presentó una denuncia judicial contra el representante  ante la Fiscalía General del Estado.

La nota técnica expone que en el presupuesto de este año se prevé que los ingresos por aportaciones  no serán suficientes y los gastos tendrán que cubrirse con desinversiones por $ 1.752 millones. En realidad, responde Espinosa, se va a necesitar menos de lo estimado: alrededor de $ 1.600 millones. (I)