Las recaudaciones anuales de los municipios del país por concepto de plusvalía son variables. Por ejemplo, Cañar (Azoguez) percibió $ 89.757, Ibarra (Imbabura) obtuvo $ 2’201.851,68, Guayaquil (Guayas) $ 8’045.466, Cuenca (Azuay) $ 2,6 millones y Portoviejo (Manabí) $ 764.431, según datos proporcionados por los respectivos cabildos.

Este cobro rige desde 2006 y está actualmente regulado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Su monto es del 10% sobre la diferencia entre el avalúo de un predio y el valor comercial.

Según expertos, la razón por la que ocurre la revalorización de la tierra en determinados sectores, radica en las obras públicas y privadas circundantes, pero también en la oferta y la demanda.

En agosto del año pasado, el presidente de la República, Rafael Correa, criticó esta utilidad calificándola de “ilegítima”. El Mandatario puso de ejemplo los terrenos adquiridos para construir la sede de la Unasur y por los cuales se pagaron $ 9 millones cuando hasta 2010 costaban $ 2 millones.

En su Informe a la Nación, el pasado domingo, el Presidente anunció que enviaría un proyecto a la Asamblea para gravar la plusvalía originada por la presencia de obras públicas.

El mismo Cootad contempla una contribución especial por mejoras que los municipios y consejos provinciales tienen la atribución de recaudar.

Según Carlos Licto Garzón, experto tributario, el objetivo es que los contribuyentes paguen una obligación por el beneficio real o potencial que han recibido sus predios con la ejecución de una obra pública.

En este sentido, la ley tiene normas precisas para el cálculo del tributo en la medida que la obra pública influya sobre el sector. Por ejemplo, si se ha construido una carretera o un parque, las zonas aledañas pagarán más o menos dependiendo, incluso, de si el frente del terreno colinda con la calle principal. “Así se calcula y la idea es que en 10 años, el Estado recupere el costo de estos trabajos”, apuntó. El problema es que esta no es una práctica en las administraciones municipales.

Sobre el impacto de la obra pública, este diario pudo constatar que en la ciudadela Samanes (en el norte de Guayaquil), la presencia del parque del mismo nombre incrementó el precio de las viviendas.

Según Marco Armijos, vicepresidente de la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces, el aumento podría estar en el orden del 40%.

Si bien estas herramientas del Cootad están vigentes, la pregunta de rigor para Licto es qué tan eficientes son los municipios para recaudar ambos tributos. “Parecería que los gobiernos seccionales no le dan la importancia del caso al tema”, apuntó el jurista.

De hecho, sugirió que los municipios podrían captar estos recursos económicos generados por tales impuestos -si fueran eficientemente recaudados-, y trasladarlos a parte de las asignaciones estatales, de modo que se logre una mayor autonomía.

Correa fue enfático al decir que muchas veces los recursos captados por plusvalía se destinan a alcantarillado, asfaltado y construcción de bordillos, lo que luego se traduce en mayor demanda económica al Gobierno.

Visto así, restaría lograr una mejor recaudación por parte de los municipios, lo cual, a criterio de Licto, se conseguiría con la realización de un adecuado catastro. El Cootad estipula que este se debería actualizar cada 2 años. “El asunto es que esto demandaría un trabajo minucioso y técnico continuo, ya que se requerirían archivos digitalizados con las características de los predios y las mejoras realizadas por el Estado”, señaló.

Para el experto, la idea es que el Gobierno trabaje en sistema tributario eficiente y no “confiscatorio”, pues esto último traería efectos adversos y la búsqueda de métodos para evadir su pago. (I)

DATOS

El impuesto a la plusvalía lo paga el propietario de un bien cuando lo vende. La contribución por mejoras se cancela anualmente con los impuestos prediales.

La tarifa por el impuesto a la plusvalía es del 10%. El Cootad permite a los municipios regular el porcentaje mediante ordenanzas. Esta se paga sobre la diferencia entre el precio por avalúo.

Según el artículo 182 del Cootad, las contribuciones especiales por mejoras deberán ser recaudadas durante 10 años por los municipios desde la terminación de la obra que generó la utilidad.

El presidente Rafael Correa señaló, durante su Informe a la Nación, que enviará a la Asamblea Nacional 2 proyectos tributarios. El primero de la plusvalía y el segundo de las herencias. (I)