Las delegaciones de Guayaquil y Durán de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) receptaron, en lo que va del año, al menos 6 denuncias relacionadas con el servicio de las empresas de medicina prepagada.

El abogado de la dependencia, Marco Pacheco, indicó que las quejas están relacionadas con la falta de cobertura y limitaciones a personas con discapacidad y adultos mayores, así también a la falta de información al cliente acerca de tarifas y red de médicos afiliados. Sin embargo, no dio cifras puesto que el número de quejas es variable.

No obstante, Pamela Falconí, vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad, recordó como un caso emblemático de discriminación el de un niño de 3 años, a quien las compañías de medicina prepagada Salud y Ecuasanitas negaron el año pasado el acceso a cobertura médica por tener síndrome de Down.

Pese a que este reclamo se resolvió a través de una acción de protección, precisamente fue por este tipo de casos que se presentó, en abril, el proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, que por ahora está en fase de análisis en la Comisión de Derecho de la Salud.

El objetivo del proyecto es que estas empresas sean reguladas eficientemente, ya que al momento no hay una normativa que se ajuste a los diferentes ámbitos en los que operan.

“El ciudadano tiene que enfrentarse solo a la empresa y es a esta a la que debe reclamar cuando no se le presta un servicio o cuando hay un pago indebido”, expresó Falconí.

Según la asambleísta, la ley permitirá cubrir las 3 dimensiones de su funcionamiento: salud, financiero y societario. (LEA EL PROYECTO DE LEY DE SEGUROS MÉDICOS Y DE MEDICINA PREPAGADA)

Por ejemplo, la Ley de Medicina Prepagada, vigente desde 1998, estipula que las direcciones provinciales de Salud deben revisar los contratos que suscriben estas compañías con sus clientes, pero no se cumplen.

Precisamente es en este punto en donde no pueden ser controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), por lo que la ley buscaría un mecanismo claro que establezca el ámbito correspondiente, tanto a la SBS como a la Superintendencia de Compañías y al Ministerio de Salud.

Por otro lado, el intendente general de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, Marcelo Ortega, propuso a la comisión que al proyecto se incorporen aspectos de su competencia como parte de un servicio que consume el ciudadano ecuatoriano.

Para Falconí, el hecho de que los clientes deban acudir únicamente a determinados establecimientos impuestos por las empresas podría configurar una práctica monopólica.

El proyecto en estudio obligará a las compañías a emitir estados de cuenta mensuales y aplicar sanciones en caso de modificación de contratos sin previo aviso.

En cambio, el superintendente de Bancos, Pedro Solines, opinó que la ley es obsoleta y no establece qué organismo velará por los derechos del usuario.