A pesar de que el Pleno de la Asamblea Nacional no se pronuncia aún sobre el veto parcial a la Ley Orgánica de Medicina Prepagada, desde la semana pasada, representantes de empresas del sector han manifestado que la norma les obligaría a realizar “ajustes” en las tarifas.

Para el presidente del Directorio Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinosa, esas declaraciones son un “chantaje” de las compañías.

La semana pasada, en declaraciones a un medio de comunicación privado, el presidente de la firma Salud S.A., Eduardo Izurieta, quien es también representante de la Asociación de Empresas Ecuatorianas de Medicinas Prepagadas, anunció que su compañía “dejará el segmento corporativo”, finiquitando 170.000 pólizas vigentes hasta noviembre.

Según el gremio, de aprobarse la ley, esta pondría en riesgo la continuidad de algunas empresas.

Lo anterior motivó a Espinosa a acudir ayer a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), donde presentó una solicitud para que la entidad investigue el desenvolvimiento de las empresas involucradas en medicina prepagada y de seguros privados de salud. Esto permitirá establecer medidas cautelares para frenar cualquier intento por suspender contratos o elevar tarifas; y, determinar si existen infracciones por parte de las sociedades en cuanto a su comportamiento en el mercado.

Con esas acciones Espinosa espera que “absolutamente ningún ciudadano pueda salir afectado por este tipo de chantaje”, expresó mientras entregaba el documento.

El funcionario posee “pruebas contundentes” sobre una empresa, pero aclaró que la intención es extender la solicitud para que no se presenten casos similares en ninguna de las sociedades de medicina prepagada privada.

Sin dar mayores detalles de cuáles serían las medidas cautelares que podrían ser aplicadas, el intendente general de la SCPM, Christian Ruiz Hinojosa, indicó que trabajará en conjunto con el IESS y “a más tardar en una semana”, se conocerá la resolución al respecto.

Sobre la investigación, el superintendente de Control del Poder del Mercado, Pedro Páez, señaló que las indagaciones toman en promedio 587 días, “porque hay que respetar el debido proceso”, dijo indicando que habrá “un silencio de varios meses” hasta llegar a las conclusiones finales.

“Tenemos que ubicar si esto tiene que ver con un caso de abuso del poder de mercado (...) las multas pueden llegar hasta el 12% de las ventas brutas anuales, de los ingresos brutos de la empresa. Si se trata de un caso de prácticas desleales estaríamos hablando de una multa que podría llegar hasta el 10% de los ingresos brutos anuales (de las compañías)”, explicó Páez.

Las empresas deberán pagar al IESS hasta el monto contratado

Los desacuerdos entre el presidente del IESS y los gremios empresariales surgen por el veto parcial a la ley, emitido por el presidente de la República, Rafael Correa, donde propone, entre otras cosas, que las compañías privadas cancelen o reembolsen a la Red Pública Integral de Salud cuando atienda a pacientes que también disponen de un seguro privado.

La Asociación asegura que habrá un perjuicio por más de $ 60 millones porque para la ley se utilizó información “errada” de un estudio actuarial del IESS, donde, según el gremio, existe distorsión sobre los ingresos y utilidades.

Espinosa, sin embargo, negó aquello, al igual que lo hizo el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, William Garzón. Ambos aclararon que el informe fue presentado para otra norma de ámbito tributario.

“Las empresas de salud prepagadas son las responsables de hacer sus respectivos cálculos para, en función de eso, sacar la rentabilidad”, precisó Espinosa.

A manera de ejemplo se le consultó sobre cómo procederá el IESS cuando una persona con una póliza de $ 10.000 acuda a una de sus dependencias para realizarse una operación por un valor superior a lo contratado.

El funcionario explicó que en ese o cualquier caso semejante en donde la atención supere el monto de lo contratado con la empresa privada, la entidad cobrará la suma total del contrato y lo demás lo asume.

Por ejemplo, según explica el proyecto de ley, si un paciente posee un contrato por $ 10.000 y el valor de una operación llegó a $ 30.000, el IESS cobrará solo los $ 10.000.
Espinosa indicó que de los más de 900.000 contratos de medicina prepagada existente en el país, alrededor de 400.000 beneficiarios tienen también afiliación al IESS.

De esta última cifra se desprende que 110.000 usuarios fueron atendidos en el Seguro Social en 2015. “Los pacientes pueden escoger ser atendidos en un hospital privado o en el público, lo único que tendrían que cubrir las empresas es hasta el monto total de su contrato; la diferencia, sea cual fuere, la cubre totalmente el IESS”, reiteró.

La SCPM convocó a una reunión de trabajo que se realizará hoy a las 11:30 y que incluirá a 9 firmas de medicina prepagada, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y al IESS. El intendente Ruiz dijo que los involucrados fueron llamados para presentar su testimonio.

En varias ocasiones, EL TELÉGRAFO ha solicitado una entrevista a Eduardo Izurieta con el propósito de obtener una declaración directa sobre el tema y sobre las razones que fundamentan la decisión de su empresa de terminar con 170.000 contratos corporativos. No obstantes, hasta el cierre de esta edición, la única respuesta por parte de quien maneja su itinerario fue la entrevista tendrá que esperar “por temas de agenda”. (I)

DATOS

La Asociación de Empresas Ecuatorianas de Medicina Prepagada, a través de un comunicado, asegura que las compañías se verían obligadas a incrementar en 50% sus actuales primas.

En el informe para primer debate de la actual ley, la Asociación indicó a la Comisión de Salud de la Asamblea que en 2014 el sector privado facturó $ 438 millones, cifra que se proyectó en $ 460 millones para 2015. No obstante, el gremio sostiene que la medicina prepagada logró utilidades por $ 12,8 millones en 2014 y cerca de $ 19 millones en 2015.

El estudio actuarial del IESS sirvió para la construcción de la Ley de Incentivos Tributarios -tramitada por la Comisión de Régimen Económico- que establece una deducción adicional de 100% de los gastos generados por medicina prepagada, para las empresas que contraten este tipo de servicios en favor de la totalidad de sus trabajadores. Por esto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) prevé que el fisco dejará de recibir $ 108 millones en impuestos. (I)

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El político apoya a Guillermo Lasso

Ordóñez plantea privatización de jubilación

El integrante de Compromiso Ecuador, Diego Ordóñez, afirmó ayer en una entrevista radial que la seguridad social ecuatoriana está quebrada desde hace mucho tiempo y propone adoptar el modelo chileno con fondos de acumulación privados.

“El problema en Ecuador es que nos obligan a tener una sola afiliación. Es un monopolio la seguridad social y habría que preguntarle a los ecuatorianos, sobre todo a los jóvenes, no a los jubilados -obviamente hay que respetarlos y mantenerlos, pues ya están percibiendo y hay que sostener esto mientras tengan el derecho-, si les parece justo que de su dinero les retiren el 22%, entre el aporte del empleado y el empleador, o si prefieren que ese dinero vaya a un fondo de acumulación que reporte mes a mes cómo va la capitalización”.

El aliado del candidato presidencial Guillermo Lasso afirmó que existen planes de jubilación que con un aporte mensual se crea un fondo que, basado en un cálculo actuarial, crea una renta que en 20 años, descontando devaluaciones, se paga al aportante.  

Ordóñez sostuvo que el Gobierno intenta sostener al IESS “clavándoles (aportes) a las empresas de seguro privado”, y cree necesario que “los ecuatorianos entendamos que debemos recuperar nuestra libertad y capacidad de escoger”.

En el Gobierno de Sixto Durán Ballén, mediante consulta popular, la ciudadanía rechazó la privatización del IESS. (I)