Ayer, con 11 votos afirmativos y una abstención, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se allanó al veto parcial que la Función Ejecutiva hizo a la Ley Orgánica de Medicina Prepagada. Por ello, el pleno deberá tratar y resolver el texto hasta el 17 de octubre.

El presidente de la República, Rafael Correa, hizo 14 observaciones en total. La mayoría de cambios es sobre aspectos técnicos en cuanto a las competencias que desempeñarán la Autoridad Sanitaria Nacional  y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El tema que generó controversia en las empresas privadas fue lo expuesto en la disposición general quinta, en la cual el Ejecutivo propuso que las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada o seguros de asistencia médica, “deberán cancelar o reembolsar a la institución de la Red Pública Integral de Salud”, cuando atienda a pacientes que cuentan también con seguro privado de salud “hasta el monto de lo contratado”.

Sugirió, además, que cuando la prestación se haya efectuado en una institución privada, luego de ser derivado del sector público, las compañías “deberán cancelar al establecimiento de salud privado o reembolsar a la institución de la Red Pública Integral de Salud los pagos efectuados por dichas atenciones, hasta el monto de lo contratado”.  

El presidente de la comisión, William Garzón, explicó lo anterior de la siguiente manera: “independientemente de cuál sea el evento de salud, cuando una persona -que tenga Seguro Social y un seguro de medicina prepagada- sea atendida en la Red Pública, la institución le debe cobrar a la aseguradora privada de acuerdo al monto de la cobertura del plan del paciente”.

La otra modalidad en la que aplica el mismo mecanismo de cobro, agregó, es a través de una referencia cuando el paciente va a la Red Pública y, por alguna razón, es transferido a una clínica privada.

Aseguradoras denuncian errores en el informe normativo

Días atrás, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) envió un documento suscrito por cuatro compañías privadas (Salud, Ecuasanitas, BMI Igualas Médicas del Ecuador y Humana), dirigido al vicepresidente de la comisión, Carlos Velasco, asegurando que el informe normativo “contiene errores” por fallas en el estudio actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Los cuatro firmantes enumeran varios casos a los que señalan como equivocaciones. Según ellos, el IESS asevera y registra que la utilidad de varias empresas es igual a los ingresos prestacionales, lo cual distorsiona los montos reales de las utilidades obtenidas en 2014 y 2015.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del CCE, indicó que la medicina prepagada logró utilidades por unos $ 12,8 millones en 2014 y cerca de $ 19 millones en 2015. “Sin embargo, hay legisladores que hablan de más de $ 400 millones y el IESS, según el estudio actuarial, dice que son $ 221 millones (...) Pensamos que las empresas no están equivocadas porque tienen balances auditados presentados a la Superintendencia de Compañías”.

Garzón afirmó que el informe del IESS “no fue presentado a la comisión”, aclarando que eso ocurrió con otra mesa. Lo dijo en referencia a la Ley de Incentivos Tributarios, tramitada por la Comisión de Régimen Económico, en la que se contemplan beneficios por la contratación de servicios de medicina prepagada.

Hizo un llamado para que las empresas privadas “dejen de meterle miedo a la gente”, insistiendo en que tienen la obligación de cubrir los gastos de acuerdo a la cobertura de un determinado usuario. Negó que la ley ponga en riesgo la existencia de los negocios, pero sí advirtió que “van a ganar menos”.

Por este copago, el Estado prevé obtener $ 71 millones, lo cual “va a terminar reventando a las empresas”, indicó Aspiazu.

Las cifras presentadas por el gremio se contradicen

Durante el debate al interior de la comisión, Bayron Pacheco, asambleísta de Avanza, en primera instancia, se inclinó por la posición de las compañías, pero su voto terminó apoyando el veto presidencial.

Dijo sentirse “engañado” por las empresas de salud que le enviaron información de cifras “completamente diferentes” a las presentadas por la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada cuando se preparaba el informe para primer debate.

Según este documento, la asociación señaló que el sistema privado facturó $ 438 millones en 2014, con una proyección de $ 460 millones para 2015 y pagó $ 290 millones al año en atenciones médicas.

También se pronunció a favor del veto María Cristina Kronfle, legisladora socialcristiana, porque “las empresas de medicina prepagada y los seguros de salud no tenían ni Dios ni ley, no tenían quién las regule y porque no había sanción por incumplimiento de los contratos”.

Además subrayó la necesidad de una vigilancia permanente de los servicios de salud y los contratos “para que no se denominen a las familias como siniestrosas por tener personas con discapacidad o enfermedad catastrófica”.

EL TELÉGRAFO solicitó entrevistas con el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, y con Eduardo Izurieta, presidente ejecutivo de Salud S.A. y de la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas. (I)

DATOS

800.000 personas aproximadamente están afiliadas al sistema de salud privada, según datos proporcionados por la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada e incorporados en el informe para primer debate. El gremio registra un promedio de 2,7 millones de casos atendidos anualmente.

1 de cada 4 ciudadanos que tienen seguro privado utiliza también los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de acuerdo a información del Servicio de Rentas Internas (SRI).

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros será la responsable de la vigilancia y control societario, financiero y contractual no sanitario. Además realizará inspecciones periódicas a las empresas, conforme lo dispuesto en el veto parcial.

La Autoridad Sanitaria Nacional se encargará de la regulación de las prestaciones sanitarias ofertadas por los prestadores de salud que tengan relación contractual con las compañías.