Los trabajadores de EP Petroecuador están pendientes de las decisiones a tomar finalmente por el directorio de la empresa, que determinará si se reducen o se mantienen los salarios de alrededor de 3.000 empleados.

Ramiro Guerrero, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros, no descartó iniciar las acciones legales correspondientes, ya que esta medida sería considerada como un despido intempestivo. “Presentaremos acciones extraordinarias de protección de derechos fundamentales y demandas personales en contra de los representantes legales de la empresa”, dijo.

Joaquín Viteri, especialista en derecho laboral, manifestó que la Constitución no permite descontar de las remuneraciones mensuales, salvo lo que establece la ley (aportes y obligaciones con el IESS o pago de alimentos).

Con ello, precisa que los trabajadores tienen una garantía constitucional de sus obligaciones y por ende “es ilegal realizar el descuento de 20 meses de la nueva escala salarial recibida; de hacerlo “se consideraría un despido intempestivo”.

Para el jurista, “no se puede cobrar con derecho retroactivo unos valores que los trabajadores ya ingresaron a su patrimonio con un derecho constitucional, lo cual se vuelve irrenunciable de acuerdo a los artículos constitucionales  326 para los trabajadores y 229 para los servidores y servidoras públicas”.

Agregó que al haber la demanda de los trabajadores y de acogerse al artículo 173 del Código del Trabajo,  Petroecuador deberá asumir un pago de 300 salarios básicos unificados como lo dicta  la Ley de Empresas Públicas.

No obstante, en febrero pasado el directorio de Petroecuador dispuso al gerente, Marco Calvopiña, ejecute los mecanismos legales pertinentes a fin de que se reintegren los valores pagados en exceso como consecuencia de la aplicación de la resolución 201054 del 30 de octubre del 2010, aprobada por el ex gerente de la empresa, vicealmirante Manuel Zapater.

Calvopiña manifestó esa vez que se trabajaba con el Ministerio de Relaciones Laborales a fin de elaborar una nueva tabla salarial, que luego de ser aprobada por el directorio “se va a hacer cuentas de quienes deben devolver parte o todo el aumento que recibieron desde noviembre del 2010”.

Lo aprobado por  Zapater, según una fuente de la empresa, no fue un incremento sino una tabla salarial, tras reconocer que “sí, se lo hizo sin consultar al directorio, porque en ese momento no había una ley que indicará que el directorio de la empresa era el ente encargado de aprobar tales decisiones”.

Arturo (nombre protegido) mencionó que le preocupa que su reducción salarial sea de 794 dólares a 350 dólares, como supuestamente le habrían indicado sus compañeros que podría suceder. Mencionó  que “ese salario ya no me alcanzaría, porque mi presupuesto de gastos lo he planeado en base a lo que gano”, dijo.

Guerrero enfatizó que la decisión de Zapater se tomó “como un acto de justicia para los trabajadores que pasaron de tercerizados a la nómina de Petroecuador. Eso no fue un incremento salarial sino que su sueldo se homólogo a lo que ganaba el personal de la empresa”, subrayó. Para hoy está previsto que Calvopiña dé a conocer la decisión del directorio.