Ayer, con 6 votos a favor, 3 en contra y 2 ausencias, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.

Al menos 5 cambios realizó la Mesa al primer informe. Uno de los principales es la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las bebidas azucaradas que incluyen a gaseosas y bebidas enérgetizantes.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) formuló un cambio para  disminuir el tributo a esos productos. Hasta entonces, la normativa planteaba gravar a las gaseosas $ 0,25 adicionales por litro, pero ahora la propuesta es que paguen $ 0,17.

Esto no solo abarcaría las gaseosas, sino también las energizantes y otras bebidas no alcohólicas con contenido mayor a 25 gramos de azúcar añadida por litro de bebida. Se mantienen exentos los productos lácteos y sus derivados, así como los jugos que tengan más del 50% de contenido natural (pulpa de fruta).

Los funcionarios del SRI argumentaron que los $ 0,17 contribuirán al cuidado de la salud, a las recaudaciones tributarias y no perjudicaría el empleo.

Sobre lo último, Guillermo Paraje, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que “un impuesto de este tipo no tendría un efecto negativo sobre el empleo”.

Su afirmación es basada en estudios realizados por la OPS en varios países, incluido Ecuador, en los que se demuestra que si bien el incremento al impuesto tiene un impacto sobre el ingreso de las empresas, no tendría influencia sobre el empleo global.

Paraje explicó que porque al incrementar el precio de las bebidas artificiales, aumenta la demanda de otros productos no azucarados y eso incentivaría la industria.

Aquello significa que la ciudadanía cambiará sus hábitos de consumo. Según un estudio en el país, que fue publicado recientemente en la revista especializada Plus One,  en la mayoría de los casos el consumo de las bebidas procesadas en  Ecuador tiene relación al precio.

Un incremento del 10% al valor implicaría una reducción de consumo cercano a 12%. Mientras que en el caso de las no azucaradas y dietéticas el consumo disminuiría el 10%, explicó el experto de la OPS.

Pero las agremiaciones, como la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), sostienen lo contrario, asegurando que el impuesto afectaría a la cadena productiva y de comercialización. De acuerdo a sus análisis, basados en un tributo de $ 0,25 por litro de bebida, el precio de venta subiría el 44%.

De su lado, Luis Fernando Otero, representante de la industria Quala, fabricante de refrescos en polvo y bebidas procesadas, sugirió que el tributo se calcule tomando como referencia el semáforo nutricional para no perjudicar a los productos que tienen indicadores bajos en azúcar, sal y grasa. En este sentido, solicitó gravar tributos de las bebidas cuyo contenido de azúcar supera el 75%.

Si bien la reforma que evalúa la Asamblea tiene fines recaudatorios, ese no es su único propósito. También busca reducir los niveles de obesidad y disminuir los gastos que el Estado destina (cerca de $ 200 millones) al tratamiento de los padecimientos causados por el alto consumo de azúcar. Las investigaciones presentadas apoyan las iniciativas a favor de la salud.

“No solo serviría para recaudar recursos (...), sino también para que se ahorren recursos en términos de inversión en los tratamientos de enfermedades ocasionadas por el consumo de bebidas azucaradas”, indicó. (I)

DATOS

Los snacks no serán considerados dentro de la reforma tributaria. Esta propuesta de la asambleísta Vanessa Fajardo no fue aprobada por la comisión.

Según la Anfab, el ICE a las bebidas artificiales repercutirá en la compra de azúcar, con una caída de $ 16 millones aproximadamente. Y pondría en riesgo el cierre de 22.000 tiendas pequeñas.

Por otra parte el Servicio de Rentas Internas indicó que en el país funcionan 45 empresas dedicadas a elaborar gaseosas, de las cuales solo 3 son grandes compañías y las 42 son pequeños negocios.

Otra de las propuestas es aumentar el ICE a los cigarrillos $ 0,01 para 2017, lo cual implicaría que ese año la carga tributaria del producto sería de $ 0,17. Esto no significa que ese valor será adicional a su precio de venta al público.