La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el informe sobre “Ganancias y pobreza: aspectos económicos del Trabajo Forzoso”, presentado la semana pasada en Ginebra (Suiza), alertó sobre la necesidad de luchar contra esta forma de empleo en América Latina y el Caribe, toda vez que está ocasionando la explotación de 1,8 millones de personas, en una actividad que produce ganancias ilícitas por $12.000 millones.

“La existencia del trabajo forzoso no puede ser aceptada, estamos frente a una violación flagrante de los derechos humanos y laborales convertida en un próspero negocio ilícito”, sostiene  la directora Regional de la OIT, Elizabeth Tinoco, en el documento.

Señaló que las cifras reveladas en el informe son alarmantes, puesto que a nivel mundial hay 21 millones de víctimas de trabajo forzoso.

A su vez, la explotación de estas personas genera ganancias por unos $ 150.000 millones, y de éstos la mayor parte, $ 99.000 millones, provienen directamente de la explotación sexual comercial.

El documento dice que en América Latina y el Caribe las ganancias provienen de explotación sexual comercial, $ 10.400 millones; de trabajo doméstico, $500 millones, y explotación laboral, $1.000 millones, lo cual abarca principalmente al sector agrícola, y también otros como construcción, manufacturas, minería y servicios.

Se estima que cada víctima de trabajo forzoso en esta región produce ingresos anuales por $7.500.

La Directora Regional de la OIT recordó que las víctimas pertenecen al sector más vulnerable de las sociedades latinoamericanas. Los trabajadores más pobres y con menores calificaciones y oportunidades de educación, así como las familias donde ocurren pérdidas imprevistas de ingresos que profundizan su situación de pobreza, suelen estar expuestas al trabajo forzoso en situaciones desesperadas y como último recurso.

Vías para erradicarlo

“Este es un tema gravísimo que se vuelve tendencia y en la que tienen la responsabilidad todos los  gobiernos nacionales y locales de trabajar”, sostuvo Margarita Carranco, secretaria de Inclusión del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y vocera de la Red Contra la Trata y Tráfico de Personas.

Una de las propuestas para erradicar el trabajo forzoso, a criterio de la funcionaria, consiste en delinear un sistema de protección a víctimas con fines de explotación sexual, que incluya una mejora en la investigación del crimen organizado para atrapar a las “mafias”, e “impedir el uso y abuso de esta esclavitud del Siglo XXI como es la explotación laboral y sexual”.

Carranco coincidió con lo expresado en el informe de la OIT, al señalar que en esta actividad los perjudicados son los sectores más empobrecidos y la población infantil y femenina.

Según Carranco se requiere un acuerdo nacional, latinoamericano y mundial para que los países armen una estrategia de protección de las víctimas, “y que se establezcan las medidas necesarias para establecer servicios de investigación transnacionales”.

A criterio del jurista guayaquileño, Rogelio Valencia, la mejor respuesta que pueden dar los gobiernos a su población vulnerable es propiciar la inversión, tanto local como extranjera, con el objetivo de que las empresas generen puestos de trabajo, pues la falta de empleo es el origen para la explotación laboral y sexual.

“Al no haber los suficientes puestos de trabajo la gente se queda en la calle y tiene que buscar la forma de conseguir ingresos. Aquello se vuelve una razón para que  personas inescrupulosas inciten al trabajo forzoso y esto siga siendo una de las causas de la precariedad laboral”, sostuvo.     

Dijo que en Ecuador se está trabajado en el tema desde el ámbito legal. En el nuevo Código Orgánico IntegralPenal (COIP), que entrará en vigencia a partir del 10 de agosto del presente año, el artículo 105 sanciona todo tipo de trabajo forzoso. “La persona que someta a otra a trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”, señala el documento.

En 2009 se realizó la presentación de dos importantes herramientas para combatir la trata de personas en el país: el Protocolo de Asistencia Consular a víctimas de trata de personas en el exterior, y la página web del Plan Nacional contra la Trata de Personas del Estado Ecuatoriano.

Ambas son herramientas de capacitación, monitoreo y evaluación utilizadas por las instituciones y miembros del Plan.