Nueve empresas privadas dedicadas a diversas actividades  y 7 personas naturales fueron denunciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por presunto uso doloso  de  documentos falsos.

La acusación  la presentó ayer el director de esa entidad, Carlos Marx Carrasco, ante el fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, en un acto público.

Según el funcionario de rentas,  se trata de un delito penal  que podría ser sancionado con prisión de dos  a seis años, de acuerdo a la gravedad de la falta.

El organismo de control tributario indicó que  las 16  denuncias son por el uso de facturas de empresas fantasma, instrumentales o de papel, lo cual representa un delito contra la fe pública.

En  otros casos se presentaron documentos  falsos para hacerse acreedores a la devolución  del Impuesto  a la Renta, un beneficio que ofrece el SRI, por ejemplo, para personas con discapacidad.

“Ciudadanos con  cualidades especiales, que no pueden llamarse discapacitados, presentaron  documentos que los acreditarían como tal para acudir al SRI y pedir devolución de impuestos de forma  ilegítima”, explicó Carrasco, quien solicitó que se sancione a los responsables.

Entre las empresas cuestionadas  están: Poligráfica,  Distribuidora Romero Reyes, Unades, Equitransa, Recynter, Expomedios, Unlimited Corp, Rimesa y Nobicorp, las cuales presentaron papeles falsos con el aparente propósito de reducir su carga tributaria.

La investigación la realizó la Regional del Litoral Sur, por lo que las personas y compañías denunciadas están domiciliadas en las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos. 

En cambio, los ciudadanos  Defaz Ávila Héctor, Ángela José Cruz,  Helen Haddad Hernández, Tomás Rodríguez León, Cecilia Delgado Cantos, Luisa Puertas Ríos y Flérida Vera Alomía, según el SRI,  utilizaron documentos falsos para beneficiarse de la  devolución del Impuesto a la Renta.

La  autoridad  tributaria detectó anomalías en sus declaraciones, como los altos  montos de las devoluciones,  la  presentación de facturas emitidas por  empresas fantasma para sustentar gastos personales y el uso de los carnés falsos del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis)   o con fecha caducada para obtener  beneficios.

Aunque no se han establecido pérdidas económicas para el Estado por ese uso doloso de documentos falsos, Carrasco reiteró que se trata de un delito penal que debe ser investigado y sancionado. Lo que más le preocupa es que con esos mismos documentos se intentaría   engañar a  otras instituciones del Estado. Por ese motivo, son delitos que no  se sancionan con una multa,  sino que le corresponde   a la Función Judicial establecer responsabilidades de carácter penal.

De las 16 denuncias presentadas,  10 son por  presunto  “uso doloso de documento privado falso”, tipificado en el artículo 340 y 341 del Código Penal y sancionado con una pena de prisión de 2 a 5 años; y seis corresponden  al presunto  “uso doloso de documento público falso”, que según los artículos  339 y 341 del Código Penal se sancionan  con  reclusión de 6 a 9 años.

Carrasco fue enfático en señalar que estos casos deben ser sancionados con prisión y no solamente con medidas sustitutivas, con el propósito de que esas prácticas no se vuelvan a repetir.

El fiscal Chiriboga señaló que existe   el compromiso institucional para dar  trámite, a la brevedad posible, a esas investigaciones. Además respondió  que el deber de la entidad es cumplir con las disposiciones legales, al tiempo de señalar que el nuevo constitucionalismo establece  que “la última razón de intervención del Estado es la  penal”.

El titular del SRI aprovechó el encuentro para solicitar al Fiscal General que dé mayor  agilidad a las investigaciones en torno a otras  38 denuncias penales que presentó en  diciembre pasado  por la retención indebida de impuestos, pues  ciertas   empresas  no cancelaron esos dineros al Estado.

Chiriboga dijo que desde entonces se han resuelto siete casos, mientras que los demás se encuentran en etapa indagatoria, pese a que debían estar ya en instrucción fiscal.