Hasta el 3 de abril es el plazo para que los empleadores entreguen al Ministerio de Trabajo el registro con los datos de todos los empleados extranjeros, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo MDT-2018-006, del 24 de enero.

Las inspecciones de control por parte de la Cartera de Estado empezaron días atrás  en los sitios de entretenimiento nocturno, donde se ha identificado mayor cantidad de trabajadores foráneos.

El registro se originó a raíz  de las denuncias de migrantes venezolanos, quienes expusieron casos de maltrato laboral y que su remuneración apenas llegaba a un tercio del salario básico (alrededor de $ 128 al mes).

Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, en una entrevista el 22 de febrero dijo a EL TELÉGRAFO que verificaron las acusaciones y encontraron que además los migrantes extranjeros no recibían los sobresueldos (décimo tercera y décimo cuarta remuneración), tampoco gozaban de vacaciones ni se les pagaba   por las horas extraordinarias.

Recordó que estos ciudadanos deberían tener los mismos derechos y obligaciones de los trabajadores ecuatorianos como la afiliación la Seguridad Social y todos los beneficios de ley.

Lo que se busca con el registro es verificar las condiciones laborales de los extranjeros. La información recabada generará acuerdos con el Registro Civil para compartir datos de cedulación de los visitantes.

El proceso aplica para todos los ciudadanos que cuenten con visa de trabajo y se encuentren en relación de dependencia tanto en el sector público como privado sin importar el cargo ni tiempo que lleven en actividades.

Vencido el plazo del acuerdo, el registro continuará, aclara el Ministerio de Trabajo. Cada nueva incorporación de personal foráneo deberá ser reportada por el empleador dentro de los 30 días posteriores al ingreso.

Daniel Regalado, representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, comentó que en los primeros días del proceso se ha generado un efecto colateral negativo, pues han recibido denuncias de despidos porque los empleadores no quieren regularizar la situación de los extranjeros y prefieren separarlos antes de la inspección.

En muchos casos agregó Regalado, la relación laboral se limita a un acuerdo verbal que no brinda garantías a los aspirantes, pero las aceptan por la necesidad que enfrentan.

El acuerdo ministerial establece sanciones a los patronos que incumplen con las obligaciones para con sus empleados.

De las 14.111 visas de trabajo entregadas en 2016 y 2017 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a ciudadanos venezolanos, se concedieron 852.

Según datos recopilados por la Asociación Civil desde marzo de 2015 a enero de 2018, de 22.894 venezolanos registrados el 55% son profesionales y 20% bachilleres.

El abogado laboral, Napoleón Santamaría, señaló que la situación con los migrantes no es reciente, cobró fuerza años atrás con el masivo ingreso de colombianos desplazados debido a la violencia y devela la falta de una política pública migratoria que regule el tema laboral con más precisión.

A su criterio, para que el registro no quede en un mero  catastro el Gobierno debe realizar un diagnóstico sobre la cantidad de mano de obra (profesional o no) que requiere el país y las ramas específicas que necesita. (I)