El presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional el veto parcial del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobado en mayo pasado.

Los asambleístas recibieron la noche del lunes 15 de junio de 2020, 16 objeciones a varios artículos de esta ley, lo cuales buscan garantizar mayor consistencia en la aplicación del proyecto de ley (ver infografía).

La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Régimen Económico, deberá elaborar el informe no vinculante que será tratado en el pleno de la Asamblea Nacional. Si se aceptan las objeciones, los legisladores tendrían que allanarse, caso contrario  insistir en los textos pertinentes.

Entre los principales cambios se plantea la necesidad de ajustar el proceso de transición para el cumplimiento de la regla fiscal de la relación deuda - Producto Interno Bruto (PIB).

El Jefe de Estado propone un texto alternativo por el cual el Ministerio de Finanzas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública. Al 2025 dicho indicador no deberá superar el 57%; para el 2030 debe bajar al 45% y de 2032 en adelante ser inferior al límite legal del 40%.

Luis Pachala, asambleísta por CREO, quien también integra esta comisión, destacó un mayor control para las empresas públicas con el fin de que tengan un techo presupuestario y no hagan un mal manejo de sus recursos.

Por otro lado aclara que el Gobierno central en sus obras tiene que tener una viabilidad financiera y planificación técnica. “No se puede hacer obras como el caso de El Aromo (Manta) que solo quedó el terreno aplanado”, señaló

Para el analista económico, Jorge Calderón, esta es una ley provechosa; recuerda que es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tener un mejor equilibrio y manejo en las finanzas. “Busca ordenar la forma de endeudamiento que pueda tener el Gobierno”, además el manejo del sistema público financiero y el sistema público no financiero, fondos de emergencias, etc.

“Aspectos que de alguna manera podrían ayudar en un momento de crisis a equilibrar las finanzas publicas”.

 Se modifica la facultad del Ministerio de Finanzas de incrementar el PGE en un 5 %, considera la necesidad de guardar coherencia en toda la norma con dicha reforma.

El proyecto de ley propone la creación de un fondo de emergencia, lo cual permitirá reaccionar a cualquier situación de estabilización fiscal, caída de tributos o de impuestos. Este tiene que ser equivalente al 3% del presupuesto, de tal manera que si llegase a caer la recaudación del IVA o impuesto a la renta, se puede utilizar dicho fondo para equilibrar lo que se deja de percibir.

También se propone un fondo de estabilización por caída del precio de petróleo o minerales.

Hasta finales de año se esperan pérdidas de aproximadamente $ 7.000 millones menos de lo que debería de percibir el Estado por las ventas petroleras.

“Cuando los precios caen puedo utilizar lo que tengo acumulado”, explicó Calderón. Respecto a la emisión de bonos hay un cambio de los Certificados de Tesorería CETES a las Notas del Tesoro.

La propuesta normativa dispone que “toda emisión de bono tiene que ser registrada en el sistema de la Bolsa de Valores”, dijo Pachala. Con esta disposición queda contabilizada la deuda que tiene el Estado para cumplir con sus obligaciones. Anteriormente la emisión de bonos entre instituciones públicas no quedaba registrada y existía el peligro de que las deudas se borraran.

Por ejemplo, los $ 2.500 millones que el IESS le prestó al Estado, “si no hubiese habido una intervención de la Contraloría se hubiese borrado”, manifestó el asambleísta. (I)